La fracturación hidráulica o fracking es una técnica de extracción de petróleo y gas difíciles de extraer, a los que se denominan no convencionales: shale oil y shale gas. El proceso consiste en una perforación horizontal y vertical, fracturar la roca, e inyectar agua con aditivos químicos.
Esta tecnología floreció en Estados Unidos en un entorno de altos precios del petróleo (110 USD/barril en 2011) que ofrecía un amplio margen para cubrir los costos de extracción, poca reglamentación ambiental al respecto, investigación y desarrollo y financiamiento barato.
La organización de las industrias evoluciona con el tiempo, en México, la reforma energética de 2013/2014 modificó la arquitectura de la industria, que ha significado la incorporación de nuevos actores en exploración y producción, una paulatina integración con EU en la industria del gas, una transición energética en el mercado eléctrico y hasta ahora, la ausencia de resultados tangibles para el grueso de la población.
La reforma energética permite la explotación de recursos no convencionales y será en la Ronda 3.3 que incluye 9 bloques en la cuenca de Burgos en Tamaulipas.
El fracking ha sido fuertemente cuestionado por sus impactos ambientales, contaminación del agua, destrucción de espacios, incidencia sísmica y efectos a la salud, por ello resulta conveniente analizarlo en el marco de transición energética y cambio climático.
En el acuerdo de París, México se comprometió a reducir sus emisiones en 25% al año 2030 (en comparación con el escenario base). Es en el mercado eléctrico donde se han forjado explícitamente los compromisos ambientales. Se han plasmado metas de generación de energías limpias (incluido gas) de 35% a 2024 y de 50% de la generación eléctrica a 2050.
En un esquema de transición energética renovable, se estima que por cada Mega Watt (MW) de energía renovable, se necesitan 2 MW de respaldo de tecnología convencional, principalmente, hidroeléctricas y ciclo combinado en base gas.
La CFE ha materializado un programa de modernización y expansión de sus centrales de generación de electricidad, transformando centrales de combustóleo y diésel hacia centrales de gas natural, básicamente por dos razones a) cumplir con las metas de energías limpias y b) costos, 80% del costo de generación eléctrica depende del costo del combustible.
Se apuesta con una hipótesis de precios bajos del gas, supuesto que debe ser tratado con precaución debido al discurso de “dominación energética” de EU, particularmente de Trump.
Actualmente, 60% de la electricidad de México es generado con gas. El 80% del gas es importado de EU. Se estima que la demanda de electricidad crecerá 3% anual hasta 2021. Esta expansión ha sido acompañada con la planeación de 25 nuevos gasoductos, de los cuales 12 ya se encuentran en operación. Destinar grandes inversiones a una sola tecnología con base en gas, ¿favorecerá la transición hacia un mix energético renovable o será un instrumento que profundice el uso de los fósiles?
En este entorno de cambios e incertidumbres tiene lugar el debate: ¿cuáles son los beneficios económicos y sociales de permitir el fracking en México o sólo hay intereses de mercado? ¿Cuál será la postura que fijará la nueva administración federal?, ¿replicar el fracking en México será igual de exitoso que en Estados Unidos? ¿Las instituciones de regulación cuentan con las herramientas adecuadas para hacer frente a los nuevos retos? Como sociedad debemos estar atentos de dicho debate.
Profesor de la Facultad de Economía e integrante del CACEPS UNAM. caceps@gmail.com