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Se promulgó la semana pasada la reforma constitucional en materia educativa. Al final, el gobierno cedió al chantaje de las dirigencias sindicales, tanto del SNTE como de la CNTE, aliados incómodos del Presidente que exigen el botín de privilegios y canonjías que les ofrecieron en campaña a cambio de su respaldo electoral. El proceso de reforma tuvo tres tiempos y un vergonzoso encore.
Primer acto. La iniciativa original era muy pobre. Plagada de errores conceptuales, de técnica legislativa y hasta supuestos errores de dedo (como la eliminación de un plumazo de la autonomía universitaria), su aprobación en esos términos hubiera representado una grave involución en materia del derecho a la educación. Lo más grave era la eliminación de cualquier referencia al aprendizaje, como elemento fundamental del derecho a la educación, la eliminación de la mención en el texto constitucional a la educación inicial para los niños de 0 a 3 años, la desaparición del sistema de ingresos, promociones y reconocimientos para los maestros fundadas en el mérito, así como a cualquier referencia a la evaluación docente como un elemento indispensable para la mejora continua del sistema educativo. También propuso desaparecer al INEE, lo que representaría la primera vez en la historia de nuestro país que se consumaría la desaparición de un órgano constitucional autónomo.
Segundo acto. Cuatro partidos de oposición (PRI, PAN, PRD y MC) se unieron para respaldar una iniciativa elaborada con la colaboración del colectivo Red, Educación y Derechos, una coalición de organizaciones de la sociedad civil especializadas en educación. Con base en las premisas de mantener, mejorar e innovar, la incorporación de esta iniciativa a la discusión permitió subsanar buena parte de las deficiencias de la propuesta original, entre otras: recuperar la referencia al aprendizaje, preservar la evaluación docente (con carácter diagnóstico) y la autonomía universitaria, reforzar la educación inicial. Además, se logró mantener un órgano evaluador con una personalidad jurídica que se aproxima en todas las características sustantivas a un órgano constitucional autónomo. Estuvimos muy cerca de lograr una reforma equilibrada, que recuperaba lo mejor de la legislación vigente y reforzaba el derecho a una educación de calidad. Lamentablemente no lo conseguimos.
Tercer acto. Sometidos por las presiones de la CNTE, los legisladores de Morena incluyeron de último minuto un transitorio maldito que en los hechos anula la posibilidad de mantener los concursos de ingreso, de promoción y de reconocimiento que hoy permiten que los maestros obtengan una plaza con transparencia y construyan su carrera con base en el mérito. Estos concursos han demostrado que sirven para mejorar el perfil de los maestros de nuevo ingreso y para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Han permitido revertir décadas de opacidad y amiguismo en las decisiones de ascenso y que cada vez más mujeres ocupen cargos directivos y de supervisión.
Encore. Al coordinador de Morena en el Senado no le salieron las cuentas y la Reforma se quedó a un voto de alcanzar mayoría calificada. Aprovechar el error para enmendar la falla de fondo era ya una posibilidad inalcanzable.
Obligados a escoger entre el interés superior de la niñez y los intereses facciosos de una “minoría rapaz”, el gobierno de López Obrador tomó partido por la opacidad y el corporativismo. Al hacerlo, abre la puerta al regreso de las peores prácticas en el sistema educativo, incluyendo la venta y herencia de plazas, y les da la espalda a las niñas, los niños y los jóvenes de México.
Diputada. Secretaria de la Comisión
de Educación. @cynthialopezc1
