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En su informe-mitin del 1º de julio, el presidente López Obrador le dedicó poca atención al tema educativo. Hubo una excepción notable: el anuncio de un nuevo programa, denominado “La Escuela es Nuestra”, que consistirá en establecer comités de maestros, alumnos y padres de familia en cada escuela y entregarles recursos de manera directa, “sin intermediarios”, para la construcción, la reparación de aulas y el mantenimiento de las escuelas públicas del país. Es una buena idea, hasta cierto punto. Y lo es en buena medida porque no se trata de una ocurrencia en el vacío sino de una innovación que combina dos prácticas exitosas del pasado reciente: la transferencia de recursos directos a las escuelas y la asignación de funciones de contraloría social a la comunidad escolar.
La premisa en la que descansa esta propuesta fue el eje conceptual del Programa de la Reforma Educativa, lamentablemente borrado de un plumazo por la administración actual: las comunidades escolares son quienes mejor conocen sus necesidades y por lo tanto conviene transferirles recursos de manera directa para que puedan atender sus prioridades de mantenimiento y equipamiento. Con este propósito, en la administración anterior se transfirieron recursos de manera directa a más de 100 mil escuelas y se canalizó una inversión de más de 33 millones de pesos. El encargado de la ejecución de los recursos era el director de cada escuela beneficiada, quien recibía las tarjetas en las que se depositaban las aportaciones y tenía la obligación de hacer partícipe a la comunidad escolar de las decisiones sobre su ejecución. La vigilancia del buen uso de los recursos estaba a cargo del Consejo Estatal de Participación Social.
La segunda práctica exitosa en la que se basa esta propuesta se desprende de uno de los programas educativos emblemáticos del pasado reciente: Escuelas al Cien, con el que se lograron canalizar 40,000 millones de pesos adicionales para la inversión en infraestructura educativa. En las reglas de operación de este programa se definió que todas las obras serían supervisadas por un comité de padres de familia y que no podrían darse por concluidas, ni pagarse, sin contar con su visto bueno. La Unesco hizo una evaluación del programa en 2017 y reconoció el gran impulso que se dio a la participación social con esta medida.
Como se puede ver, el programa que ahora se propone, recupera y combina elementos centrales de estas mejores prácticas del pasado inmediato: busca asignar recursos de manera directa a las escuelas y le asigna facultades de decisión a comités especializados en el marco de los consejos escolares de participación social. La propuesta agrega algunos elementos interesantes, como incluir representación de los alumnos en estos comités. Sin embargo, esta política sólo tiene sentido como complemento a la inversión regular en infraestructura y para labores de mantenimiento. Pretender asignar de esta manera todo el presupuesto destinado a infraestructura educativa es la receta para tomar una buena idea y convertirla en un error de consecuencias potencialmente catastróficas. Lamentablemente esta parece ser la ruta anunciada por el gobierno con su intención de desaparecer el Instituto Federal de Infraestructura Física Educativa y todo el entramado jurídico en la materia. Están a tiempo de rectificar.
Diputada federal. @cynthialopezc1
