¿Qué pasó con?... Los responsables de dañar el Caballito de Tolsá

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Tres años y nueve meses han pasado desde que la empresa Marina, Restauración de Monumentos, dirigida por Arturo Javier Marina Othon, bañó con ácido nítrico la escultura ecuestre conocida como El Caballito . Hoy, la obra del escultor valenciano Manuel Tolsá se encontraba en manos de restauradores que recién este miércoles lo presentan, pero en toda esta historia aún hay un tema por resolver: la resolución de la denuncia que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interpuso por daños al monumento histórico desde octubre 2013.

En esa fecha, después de que determinó que esa inadecuada intervención había dañado un 50% de la superficie de la escultura y había causado pérdidas irreversibles de la pátina original por el uso de la solución, el instituto anunció que había interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de quien resultara responsable por daños a monumentos históricos, tipificado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La averiguación previa número 206/UEIDAPLE/LE/1/2013 continuá en las oficinas de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en las Leyes Especiales de la PGR sin que haya todavía una resolución ni información sobre los avances. EL UNIVERSAL consultó a la oficina de Comunicación social de la Procuraduría sobre los avances del caso, pero hasta ahora no hubo respuesta.

En septiembre del año pasado, José Guadalupe Medina, entonces titular de dicha subprocuraduría, dijo a este diario que el caso seguía en proceso, que la instancia ya había recabado los peritajes y la documentación necesaria para establecer si hubo o no responsabilidad por parte de los funcionarios que en su momento participaron y/o otorgaron el consentimiento o contrato para la restauración de la obra. La investigación, dijo, también implicaba a la empresa encargada de los trabajos, la cual fue inhabilitada en 2013 por la Contraloría General del Distrito Federal por 10 años.

El funcionario señaló entonces que el impacto económico sobre los daños a la escultura está valuado en un millón y medio de pesos, que es el costo que se determinó de manera pericial, a reserva de que se hicieran algunas actualizaciones. Ese monto, dijo, se basa en lo que el INAH consideró que representaba el costo de la restauración en 2013.

Sin embargo, en noviembre del año pasado el instituto señaló que la recuperación de la obra de Manuel Tolsá tendría un costo de 5 millones 576 mil pesos, recursos que son otorgados por el gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso del Centro Histórico.

Por ahora, solo han sido sancionados cuatro funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de México, luego de que la Contraloría General del DF concluyera que “hubo anomalías administrativas de servidores públicos”. Se trata de Alejandro García Aragón, quien suscribió el oficio que indicaba que la empresa contratada había cumplido con los requisitos para obtener, por adjudicación directa, el contrato para limpieza de la escultura; la directora Ejecutiva de Administración de la Autoridad del Centro Histórico, Josefa María del Carmen Gutiérrez Mora, por no atender los requerimientos del director de recursos materiales para que hubiera coordinación antes de que comenzaran los trabajos. La sanción para ella consistió en suspensión del sueldo y funciones.

En el Fideicomiso de Centro Histórico fue inhabilitado el director de Desarrollo Inmobiliario, José Vicente Flores Arias, ya que, según la información divulgada entonces por la Secretaría de Gobierno de la ciudad, fue quien pidió apoyo a Arturo Marina Othon para que realizara los trabajos y gestionó los permisos ante el INAH para la intervención. Actualmente tiene su propio despacho y es asesor y consultor de Aprovechamiento y Desarrollo del Patrimonio Inmueble con Valor Cultural.

Otro de los sancionados fue Anell Cabrera Méndez, quien ocupaba el puesto de enlace en el Fideicomiso del Centro Histórico por no informar al director, Inti Muñoz, sobre el oficio en el que se solicitaban los trabajos para la escultura.

Sin embargo, en esta desafortunada e intrincada historia, defensores del patrimonio cultural y miembros de los foros que se crearon en Facebook para denunciar los daños a El Caballito se siguen preguntando sobre la responsabilidad que tuvieron los funcionarios que entonces dirigían el Fideicomiso del Centro Histórico, Inti Muñoz, y la Autoridad del Centro Histórico, Alejandra Moreno Toscano.

Según señalan las minutas de la primera sesión del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la ciudad de México dadas a conocer en octubre de 2013, esta instancia aprobó la restauración de la escultura y designó a la Autoridad del Centro Histórico como responsable de la ejecución y seguimiento de los trabajos. Después de la fallida restauración, Alejandra Moreno Toscano se deslindó del caso y responsabilizó a la Secretaría de Gobierno del DF, quien, dijo, fue la responsable de contratar a la empresa. A partir de ahí, optó por el silencio y nunca dio una explicación sobre el caso. Dejó de ser directora de la Autoridad del Centro Histórico en 2015. Hoy, la también historiadora es diputada constituyente del partido Nueva Alianza en la Asamblea Legislativa del DF.

Inti Muñoz dejó el cargo en el Fideicomiso del Centro Histórico en julio de 2015. Actualmente es asesor cultural y de desarrollo urbano en la oficina de la Unesco en México.