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Las polémicas por el manejo inadecuado de los monumentos y restos en Rotondas de Personas Ilustres en el país han evidenciado el riesgo en que se encuentran estos espacios patrimoniales, así como los vacíos legales en torno a su conservación y manejo.
De los 32 estados en el país, 18 cuentan con una Rotonda, la mayoría de ellas creadas a finales del siglo pasado o principios de este. Aunque se trata de espacios que honran la memoria de ciudadanos ilustres en diversas partes del país, constantemente presentan problemas de vandalismo y conservación. Creadas por decretos o iniciativas locales, gran parte de estos monumentos no cuentan con una protección patrimonial, pues al ser de reciente creación, las instancias encargadas de la conservación del patrimonio (INAH o INBA) no tienen facultades para intervenir.
Y aunque se trate de un monumento del siglo XIX, como es el caso de la Rotonda de las Personas Ilustres construida en 1872 en el Panteón Dolores, de la capital, la Ley Federal de Monumentos no es suficiente para protegerla, tal como se vio en 2014, cuando la actriz Claudia Cervantes ocupó el espacio para una fiesta. Ese escándalo dejó ver el descuido y la vulnerabilidad en la que se encontraba, a pesar de la existencia de un Consejo Consultivo —presidido por la Secretaría de Gobernación e integrado por otras instancias, como la ahora Secretaría de Cultura—, que tiene atribuciones para velar por el sitio.
Dos años después, las secretarías de Gobernación y la de Cultura ya emprendieron trabajos de restauración integral en ese sitio que tenía varios problemas de vandalismo y el INAH inició apenas la elaboración de un anteproyecto de declaratoria de Monumento Histórico, que la protección máxima que se le puede dar a un edificio o bien cultural. Por ahora, según la Secretaría de Cultura federal, “por su relevancia para la historia de nuestro país se encuentra protegida como Monumento Histórico por determinación de la Ley Federal sobre Monumentos”. Si embargo, aunque dicha Ley considera monumento histórico cualquier inmueble civil o religioso construido entre los siglos XVI al XIX, el concepto de arquitectura funeraria no está incluido.
Para la arquitecta Ethel Herrera, una de las pocas especialistas en patrimonio funerario en México y presidenta de la Asociación Amigos Protectores del Panteón Civil Dolores A, la fiesta de 2014 ha sido un detonante para la regulación de este espacio que requería de una restauración urgente. “Dicen que no hay mal que por bien que no venga. Eso nos ha beneficiado de alguna manera porque se han puesto los ojos en la Rotonda, se robaban las esculturas y no había quien veía, pero inmediatamente después de la fiesta, cuando se robaron unas rejillas, se fijaron en ello”, indica.
A partir de esto, explica, el Consejo Consultivo también ha empezado a crear un plan de manejo que establecerá los lineamientos de uso y conservación del espacio.
“Esperemos que se formalice pronto”, señala la arquitecta que se ha dedicado al estudio y divulgación de la arquitectura funeraria, un patrimonio que, dice, es poco valorado: “Solo hay dos panteones declarados a nivel federal: el de San Fernando y el de Xalapa. El primero está en la Zona de Monumentos Históricos del Centro, que además es Patrimonio de la Humanidad, pero sus monumentos están en malas condiciones, ha habido malas intervenciones, vandalismo”.
Para la directora de ICOMOS México, Graciela Mota, los planes de manejo para estos sitios también deben involucrar a la sociedad “si no, seguirán siendo área sujeta a destrucción, vandalismo o uso de manera errónea”.
Y si la Rotonda del Panteón Dolores, que es el más importante en su tipo en el país, tiene problemas, las de los estados no están en mejores condiciones. La falta de un reglamento específico para la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres permitió que fueran extraídas las cenizas del arquitecto Luis Barragán en Guadalajara, por ejemplo. Un procedimiento en el que, han dicho investigadores de la UNAM, hubo irregularidades jurídicas, ya que al ser un espacio creado por decreto, el retiro de las cenizas debió ser avalado por otro decreto del gobierno estatal.
