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Cansadas de la burocracia cultural y de no encontrar apoyos para el arte y la cultura en la Ciudad de México, Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos humano A.C. se sumergieron en una investigación que les tomó dos años para conocer cuánto, cómo y en qué se gasta el presupuesto para el sector en la capital del país. El resultado, concluyen, es desastroso: opacidad, ejercicio irregular, falta de visión y de vigilancia, dinero para rubros no relacionados con la cultura y recursos utilizados con nula comprobación.
A través de sistemas de solicitudes de información, cerca de 200, pudieron concluir que en la Ciudad de México durante 2014 se ejercieron más de mil 500 millones de pesos para el sector cultural; de los cuales, 500 son para la Secretaría de Cultura local, 240 para unidades responsables de gasto, 14 para proyectos para dependencias y órganos desconcentrados y autoridades, 50 para proyectos delegacionales y más de 700 distribuidos entre las 16 delegaciones.
Además, es la delegación Iztapalapa la que más presupuesto gastó en 2014, con un total de 326 millones, seguido de Venustiano Carranza, con 148 millones; Gustavo A. Madero, con 42 millones; Miguel Hidalgo, con 39; Azcapotzalco, con 19; y Magdalena Contreras con 23, entre otros.
En conferencia, Las Reinas Chulas, encabezadas por Ana Francis Mor, Luz Elena Aranda y Ana Laura Ramírez, dieron a conocer que pese a las casi 200 solicitudes de información y a los altos montos, hubo delegaciones como, Iztapalapa, que no fueron capaces de desglosar el gasto de cada actividad, y otras, como Venustiano Carranza y Xochimilco, que incluyeron rubros como transporte y gastos de orden social que no permite precisar lo ejercido para actividades culturales.
Asimismo, en delegaciones como Gustavo A. Madero, dentro de su presupuesto para proyectos, Las Reinas Chulas encontraron que el concepto de “cultura” puede tener diversas interpretaciones y utilizar los recursos para “talleres, cursos y mesas de trabajo encaminados a la promoción y fomento del arte y la cultura (plomería, mecánica, cultura de belleza, electricidad, computación, contabilidad, arte y cultura y uñas)”.
“Nosotras nos tardamos dos años en esta investigación y no en todos los casos fue posible llegar a conocer el grado de desegregación que pedimos y necesitamos para conocer en qué y cómo se gasta el dinero”, indicó Aranda.
Por su parte, Ramírez explicó que el trabajo que realizaron les permitió conocer las herramientas para que los ciudadanos puedan conocer con facilidad la información que se requiere acerca del gasto público; además que existe opacidad en las delegaciones.
“Todos esos rubros, como la plomería, mecánica, los pasteles para el día de las madres, se manejan con opacidad. Y hay delegaciones en las que existen verdaderos focos rojos, como la Gustavo A. Madero, que no sólo nos respondían mal, nos mandaban recuadros mal hechos y no son capaces de decir en dónde usaron los millones que se les entregaron. Es nuestro derecho a la información”, dijo Ramírez.
Añadió que sí hubo delegaciones que pudieron entregar elementos probatorios de sus gastos.
“Las preguntas que hicimos no eran tan difíciles y nos respondían cosas sin sentido. Por ejemplo, si uno pregunta cómo se gastan el dinero para tal sector, te responderán ‘como lo estipula la ley’. Y legalmente, han respondido. Eso no es acceso a la información”, sentenció Aranda.
La investigación fue realizada por Aranda y Ramírez, con asesoría del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.