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Durante la segunda audiencia para la conformación de la ley general de Cultura, titulada “Derechos Culturales, libro y lectura”, especialistas, creadores y promotores culturales coincidieron en la importancia de garantizar mediante instrumentos jurídicos el derecho a la cultura y a los derechos culturales en todo el país.
Uno de los participantes en ese encuentro realizado en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el abogado y promotor cultural Carlos Villaseñor señaló la necesidad de definir claramente en esta nueva disposición jurídica cuáles son esos derechos culturales, cómo se organizan y cómo deberían protegerse. Hasta ahora, explicó en entrevista, en teoría los derechos culturales están mencionados en disposiciones jurídicas, como la Constitución Mexicana, o en los convenios y pactos internacionales que México ha suscrito, lo cual obliga a las tres instancias de gobierno a garantizarlos y cumplirlos, pero considera importante “inscribirlos en un ordenamiento legal y organizar la facultad de las competencias que le corresponden a cada uno de los tres ámbitos del gobierno”.
“El derecho humano a la cultura y a los derechos culturales no son una materia que tenga que ver exclusivamente con el desarrollo artístico y la preservación del patrimonio, sino que deben tener como beneficiarios a toda la población del país”, dijo.
Por su parte, la académica e investigadora Lucina Jiménez propuso una ley general de derechos culturales, independiente de otros ordenamientos, y que tenga como objetivo “garantizar las condiciones en que los ciudadanos de manera individual o colectivamente pueden participar o no de la vida cultural, construir y transformar su propia identidad, en un contexto donde la diversidad y la consideración de las diferencias no sean pretexto para ningún tipo de discriminación, violencia o exclusión”.
Esta ley, explicó Jiménez, podría marcar la pauta de las políticas culturales de nueva generación que la Secretaría de Cultura debería atender en este México del siglo XXI. “Ya no se trata simplemente de atender la infraestructura gubernamental”, dijo.
En la segunda parte de este encuentro convocado por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, editores y promotores culturales como Marcelo Uribe, Marina Núnez Bespalova y Azucena Galindo, entre otros, reflexionaron acerca de la lectura como un derecho cultural inalienable, de la necesidad de reforzar la industria editorial, de darle impulso a las librerías en el país, de la urgencia de atender la iniciativa de reformas a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, de lo fundamental que es el precio único a los libros para democratizar el conocimiento, y sobre la importancia de acercar los libros a los mexicanos.
Marcelo Uribe, quien tuvo varias coincidencias con Marina Núñez Bespalova en la urgencia de trabajar a favor de abrir más espacios libreros en el país, dijo que la cultura escrita y la expresión verbal son antídotos contra la violencia y la barbarie y fomentan la democracia informada. Habló de los nada halagadores índices de lectura y de la carencia de librerías.
“Marina dijo que hay un punto de venta del libro por cada 100 mil habitantes en México, nosotros en un estudio dimos cuenta hace unos años que si pensamos sólo en librerías hay una por cada 200 mil habitantes. O sea la cosa está peor”, señaló. También llamó a atender la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y a defender el precio único a los libros “porque es un instrumento democratizador y elimina la discriminación geográfica”.
Marina Núñez, por su parte, dijo que es una obligación del Estado garantizar a los ciudadanos su derecho a la cultura y entre esos su derecho a poder acceder al libro y la lectura por eso confirmó su compromiso con la lectura, el libro y la edición.
