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ana.pinon@eluniversal.com.mx
Senadores de distintas fracciones parlamentarias, particularmente de la Revolución Democrática, presentaron hace unos días dos iniciativas de ley general de Cultura, con las que se busca reglamentar el Artículo 4 constitucional que se refiere a los derechos culturales de los mexicanos.
Las iniciativas se presentaron a unos días de que se instale, el próximo 15 de abril, el Consejo Técnico para la redacción de la ley general de Cultura, planteado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que será presidida por la Comisión de Cultural de los diputados.
Una de las dos iniciativas fue presentadas por los perredistas Angélica de la Peña Gómez, Luis Humberto Fernández Fuentes , Luz María Beristáin Navarrete, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Roldán Benítez, Fidel Demédicis Hidalgo y Fernando Mayans Canabal, y el panista José de Jesús Santana García, y redactada por Arturo Saucedo, Antonio Cabrera y Ernesto Piedras.
La otra iniciativa fue realizada por el también perredista Rabindranath Salazar Solorio, presentada el pasado 30 de marzo.
Sobre estas dos propuestas, Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, indicó que serán revisadas.
“Son dos documentos legislativos que tendrán que tomarse en cuenta, así como la iniciativa que está en el Senado y que fue presentada por Blanca Alcalá (PRI), quien ahora es senadora con licencia. Todas nos servirán para fortalecer y robustecer a la ley general de Cultura. Tendrán que contribuir a tener una ley más cercana a lo que el sector cultural, los estados y municipios requieran”, dijo.
El legislador precisó que la presentada por Angélica de la Peña no cuenta con un apartado que hable sobre la participación de sectores sociales y privados, y aseguró que la más completa, hasta ahora, es la de la priísta Blanca Alcalá. “Con esa sólo hay que tener cuidado con la sobre regulación”, sostuvo Taboada.
El legislador aseguró que el 15 de abril iniciará la discusión de esta ley. “La idea es que podamos trabajar y aprobar esta ley antes de que se apruebe el presupuesto de egresos del próximo año, la idea es que lo tengamos listo antes de noviembre, nuestro interés es que sí tengamos una ley general de Cultura en este mismo año. Es bueno que los diferentes grupos parlamentarios presenten sus iniciativas, esto tiene que ser un ejercicio de todos, no se puede descalificar a ninguna”, indicó Taboada.
Por su parte, Arturo Saucedo, quien fue redactor de la reforma constitucional de los derechos culturales, aprobada en 2009, explicó en entrevista que se necesita la ley general de Cultura para especificar los diferentes ámbitos de participación de los sectores sociales y privados, de los estados y municipios, entre otras cosas.
“La ley que hemos propuesto es reglamentaria del artículo 4 en su fracción doceava y tiene que ver con cosas como cómo el Estado tiene que desarrollar políticas precisas para velar por el derecho a la cultura y a los bienes culturales que presta el estado, para que se respete la libertad creativa, para que la sociedad puedan organizarse para participar en el diseño de las políticas culturales, entre otras cosas. De lo que se habla es de las condiciones democráticas que requiere una sociedad moderna para desarrollar políticas culturales de Estado”, detalló.
La propuesta de ley publicada el 17 de marzo en la Gaceta del Senado contiene 74 artículos que, de acuerdo con Saucedo, “dan certeza a la sociedad civil, a los artistas y a sus derechos, que permiten desarrollar políticas culturales de largo aliento porque parten de los derechos”, explicó Saucedo.
Uno de los artículos de esta ley propone que todos los creadores, productores, promotores culturales y profesionales de la cultura y el arte tienen derecho a ejercer en condiciones dignas su actividad atendiendo a las particularidades y especificidades propias de cada sector.
Asimismo establece que debe haber un Plan Nacional de Cultura, como parte de los ejes de la política cultural, que deberá incluir entre las estrategias y acciones transversales, los siguientes ámbitos: la coadyuvancia entre los niveles de gobierno en la defensa y promoción de los derechos humanos, particularmente los derechos culturales; el desarrollo de los procesos culturales comunitarios por Entidad Federativa; el fomento para las incubadoras de empresas creativas culturales y para incubación de proyectos culturales, entre otras cosas.
Mientras que la iniciativa propuesta por Salazar Solorio promueve la creación de un premio nacional de cultura que se entregará a quien con “cuya actividad sea trascendente para la promoción, difusión y consolidación de la cultura del país; así como la creación de un Padrón Nacional de Creadores y Promotores con el objetivo de contar con una base de datos confiable a fin de que a partir de ella se establezcan acciones, programas, proyectos y en general políticas públicas culturales”.
