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El próximo martes 10 de enero iniciarán las cuatro sesiones que celebrarán en la Cámara de Diputados los 13 especialistas del Consejo Redactor para la elaboración de una Iniciativa de Ley de Cultura, creado por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.
El grupo fue convocado por el presidente de la Comisión, el diputado panista Santiago Taboada, con el propósito —precisaba la invitación— de “elaborar una opinión fundamentada” para la creación de la iniciativa.
Con base en iniciativas de ley que han sido presentadas por senadores y diputados (como las de Blanca Alcalá, Angélica de la Peña, Rabindranath Salazar y Margarita Saldaña); con base también en los diez foros regionales des discusión que se realizaron en ciudades del país; y con base en sus propias investigaciones y trabajos, los especialistas aportarán a la discusión de una ley que no tiene todavía nombre y sobre la que no hay un acuerdo en torno de su objetivo central; para algunos sería ley general de cultura, para otros una ley sobre derechos culturales —asuntos que no se excluyen entre sí—. Para muchos, ha quedado atrás la propuesta de hacer sólo una ley reglamentaria del Artículo 4° de la Constitución porque es más completo abarcar el tema de derechos culturales.
Los integrantes determinarán desde el martes 10 la dinámica de trabajo; ellos no recibirán dinero por este trabajo; tampoco se destinó presupuesto para el transporte de aquellos que no laboran en la ciudad de México.
Algunos de ellos, entrevistados por EL UNIVERSAL, dudan que en un mes se alcance a formular una iniciativa; esa es una labor que, acotan, es tarea de los legisladores. El comunicado de la Comisión acerca del Consejo Redactor especificó que operará hasta el 30 de enero y que la Cámara y el Senado sesionarán en conferencia para generar un dictamen favorable de la iniciativa que aprueben ambas Cámaras, y conduzca a “un cuerpo legal que le dé rumbo a la Política Cultural Nacional”.
Ese marco legal que comenzarán a discutir los 13 especialistas deberá tener entre sus objetivos definir una política cultural de Estado y legislar acerca de los derechos culturales.
Hay una serie de temas que deberán debatirse, incorporarse en la nueva ley —cualquiera que sea su nombre— y que los miembros del Consejo enumeran así: los derechos culturales; la participación ciudadana; la nueva relación entre la Federación, los estados y los municipios; economía y cultura; la relación de la secretaría de Cultura con otras secretarías de Estado; el turismo cultural; la protección y difusión del patrimonio cultural tangible y del intangible; el nuevo estatus jurídico para el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).
Los derechos culturales. Para la antropóloga Lucina Jiménez, fundadora del Consorcio Internacional Arte y Escuela AC, será determinante en la nueva ley establecer las bases de un nuevo federalismo que ordene las relaciones entre el gobierno federal y los estados y municipios en materia cultural.
“La Ley debe ser sobre derechos culturales y desarrollo humano sostenible. Debe establecer la obligatoriedad de la secretaría de Cultura y a otras entidades de garantizar dichos derechos y la dimensión cultural del desarrollo, todavía no asumida en México como una orientación de Estado”.
Jiménez considera que la operación de la secretaría tiene otros instrumentos y espacios para desarrollarse y que la ley debería dar directrices de política pública, más que de operación. Sostiene que entre otros temas, la iniciativa debe incluir una nueva noción de política cultural y del papel del Estado en un nuevo modelo que responda al siglo XXI. Señala, y enumera, que se deben incluir los derechos humanos en el ejercicio de la vida cultural: “libertad de expresión, de creencia, de pensamiento, acceso al conocimiento científico-técnico, a las redes digitales, a la expresión en lenguas propias en los medios de comunicación y en la vida privada, y derecho a una identidad libremente construida”.
Destaca en particular los derechos culturales y de gestión del patrimonio de pueblos originarios e indígenas: “El México del siglo XXI, no puede seguir omitiendo esos derechos”.
En el mismo sentido, el diputado por la Asamblea Legislativa, Alfonso Suárez del Real, integrante también del Consejo Redactor, llama a garantizar los derechos de los pueblos originarios y la permanencia del patrimonio cultural tangible e intangible.
Ejes de la discusión. Carlos Lara, maestro del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, señala que el primer punto clave será definir qué tipo de ley se quiere: “En el capitulado habremos de proyectar una ley fuerte donde se defina por un lado cuál es el bien jurídico a tutelar; dos, que tenga los principios rectores de la cultura para el Estado mexicano, y tres, un andamiaje para que sea una ley concurrente con los estados y municipios, que precise qué le toca a la Federación, a estados y a municipios”.
Para Lara, algunas de las iniciativas de ley ofrecen elementos que se pueden tomar; también se pueden tomar elementos de los foros de cultura, en particular los de Puebla y México. “Hay bastantes elementos para dictaminar esta ley que llevamos 15 años debatiendo en la UNAM, en las legislaturas, en Letras Libres, en Nexos. Se necesita una ley para armonizar derechos. Para establecer cómo la Federación, los estados y los municipios van a garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales que deben prestar atendiendo la diversidad, la libertad creativa, y demás principios constitucionales”.
Economía y cultura. Para Eduardo Cruz Vázquez, investigador y analista de políticas culturales, “la expectativa es que la nueva ley pueda ser un instrumento que subsane las deficiencias que dejó la reforma que se hizo para crear la secretaría de Cultura”.
El también periodista, autor de libros como Sector cultural. Claves de acceso dice que la ley no puede dejar fuera temas como la relación entre economía y cultura: “ La secretaría de Cultura y sus organismos no pueden quedar desligados de las políticas económicas que emanan del Ejecutivo. Debe ser una ley con visión sectorial, no para satisfacer una necesidad del Ejecutivo, que cree y mande señales a los sectores privados, y a los actores socialmente responsables”.
Sostiene que una de las graves deficiencias del nacimiento de la Secretaría es que quedó fuera de todos los diseños y organismos en lo que tendría que contar con voz y voto: “No sólo esta el tema de turismo cultural, está el tema de política social… tendrá que participar en los consejos que hay, por ejemplo, en la banca de desarrollo.”
Considera que es preciso que a partir de la nueva ley se modifiquen otras: “Eso es central. Si la ley sólo va a medio maquillar las reformas constitucionales y dejar intocables otros marcos legales que atañen a la secretaría, estamos perdidos; para qué engañarnos”. Un ejemplo aquí es el de modificar el marco legal para la micro, pequeña y mediana empresa, con miras a incluir bien a las empresas culturales.
La participación ciudadana. Raúl Ávila, autor de El derecho cultural en México considera que en la ley el tema central debe ser el de la participación ciudadana: “Se requieren garantías específicas y operativas para ejercer los derechos culturales”.
“Ante la distancia entre Estado y sociedad, y la enorme potencialidad creativa de los habitantes del país y de los mexicanos en el extranjero, requerimos a través de la ley propiciar políticas que no sólo coordinen los esfuerzos gubernamentales, sino de los sectores social y privado, que se comprometan los sindicatos, las organizaciones civiles, incluso las iglesias, las empresas, para tener redes de participación social en la cultura, que éstas sean registradas y estimuladas con el presupuesto y que participen con sus propios recursos”.
Ávila clasifica los derechos culturales entre los del siglo XX y los del XXI, y además llama a que la ley tome encuenta a los migrantes mexicanos en otros países, sobre todo en Estados Unidos. “Es una oportunidad para fortalecer a la cultura como un recurso e instrumento estratégico hacia adentro y fuera del país….”.
Y es que los derechos culturales serán el tema central en el debate. Así lo considera Carlos Villaseñor, fundador del Consejo Académico de Interactividad Cultural y Desarrollo AC., también miembro del Consejo Redactor: “La labor de la elaboración de una ley no es producto de una serie de ocurrencias de personas designadas por el Congreso para que se sienten a pensar lo que se les ocurre. En primer lugar hay antecedentes jurídicos clarísimos desde la Constitución hasta las convenciones, los tratados, los pactos que México ha suscrito de manera internacional. La segunda realidad es la presupuestal; hay una necesaria racionalidad presupuestal a la que se obliga por ejemplo la Ley de Planeación”.
