cultura@eluniversal.com.mx
La iniciativa de ley General de Archivos presentada el pasado 17 de noviembre en el Senado de la República y que actualmente está en discusión plantea avances en el ámbito de los archivos históricos, pero también ha generado incertidumbre entre investigadores e historiadores cuya principal fuente de información se centra en este tipo de acervos.
Entrevistados por EL UNIVERSAL, historiadores y académicos celebran que la propuesta que discute el Senado señale que los archivos históricos no estarán sujetos ni a la Ley de Acceso a la Información Pública ni a la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que podrán ser consultados de manera irrestricta, pero también cuestionan disposiciones que afectarían el acceso a la información contenida en archivos históricos.
Uno de los avances de esta iniciativa, coinciden, es que en su Artículo 36 se contemple que este tipo de documentos “no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales”, tema con el que los historiadores han lidiado desde 2014, con la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales, pues en diversas ocasiones se les han negado datos que no son precisamente sensibles. “Nos entregan documentos testados, es decir, con manchas negras donde están los datos personales, nombres, números telefónicos; aunque se trate incluso de números de los años 30 que ya no existen”, comenta en entrevista el historiador Alfredo Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
Con él coincide el historiador Camilo Vicente, quien cuenta que bajo estos criterios, además de testar información como los rostros de personajes en las fotografías y datos sobre filiaciones partidistas, se ocultan incluso las anotaciones a mano, recurso que suele ser información de gran utilidad para los historiadores.
Para Aurora Gómez Galvarriato, ex directora del Archivo General de la Nación (AGN), otro punto donde hay que poner especial atención es en el Transitorio Décimo Cuarto, el cual indica que “a aquellos documentos que no hayan sido organizados y valorados y que fueron transferidos a un archivo histórico antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se les deberá aplicar los procesos técnicos archivísticos…, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la información”. Esto se realizaría en un plazo de dos años para la Federación y tres para los estados, a partir de la entrada en vigor de dicha ley. “La manera como han resuelto permitir que los archivos sean irrestrictos es incluyendo ese transitorio, que es algo gravísimo y sumamente peligroso porque es como decir: ‘vamos a dar acceso irrestricto a los archivos históricos, pero después de dos o tres años de que los hayamos depurado’”, indica la historiadora.
El problema, explica, es que esta ley pareciera estar enfocada únicamente en los fondos que se transfirieron del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Archivo General de la Nación en 2001 y que actualmente se encuentran en la Galería 1 del Palacio de Lecumberri, acervo complicado de consultar en los últimos años. “El problema es que toda la arquitectura de esa iniciativa se enfoca en ese fondo, en la mente del jurídico de Gobernación —que ha empujado las partes más restrictivas de esta ley— está ese fondo, que es nada, en relación con toda la información archivística que hay en el país. Por cerrar esos fondos están generando un prejuicio terrible a todos los demás archivos que no tienen información sensible”, señala.
Otro de los aspectos que ha generado descontento en la comunidad de historiadores es el artículo 48, que contempla la creación de grupos interdisciplinarios en todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno, pero sin la participación obligatoria de historiadores. Estos grupos estarían encargados de la valoración de plazos de conservación, disposición documental y transferencia a archivos históricos.
“Como si hicieran falta historiadores en las universidades estatales, que podrían formar brigadas para participar en estos grupos”, expresa Aurora Gómez Galvarriato.
Como parte de los cabildeos que senadores y funcionaros del AGN han hecho en un intento por convencer a la comunidad de historiadores está la audiencia pública organizada por las senadoras Laura Rojas y Cristina Díaz el 24 de noviembre pasado. Dos días antes también tuvo lugar una reunión de la directora del AGN, Mercedes de Vega, con personal académico de Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En ambas reuniones, la opinión de los académicos ha coincidido en fuertes críticas a esta iniciativa.
El Comité Mexicano de Ciencias Históricas es una de las instancias más activas que se han pronunciado sobre el tema. A través de diversos foros y desplegados en prensa, la asociación presidida por Alfredo Ávila y que integra a historiadores de diversas instituciones, ha manifestado la necesidad de que en esta Ley se dé a los archivos el carácter explícito de “fuentes de acceso público” con la intención de que no sea utilizada la Ley de Protección de Datos para ocultar o retrasar el acceso a archivos históricos.
Piden autonomía. Otro de los puntos señalados por los historiadores es que el AGN siga sectorizado en la Secretaría de Gobernación, a diferencia de países como España, Francia o Reino Unido, donde pertenece a los Ministerios de Cultura o Educación. Para la senadora Laura Rojas —una de las impulsoras de esta propuesta junto con los senadores Cristina Díaz, Alejandro Encinas, Zoé Robledo y Héctor Larios— esta decisión fue totalmente consensuada al considerarse que el AGN todavía no cuenta con la fortaleza institucional y presupuestal. “Se consideró que es mejor, durante algún tiempo, que permanezca dentro de la esfera de Gobernación porque le da la capacidad de convocatoria y poder en otras instancias públicas”, dijo la legisladora.
Según la senadora panista, en esta discusión el propio AGN pidió seguir siendo parte de Gobernación, “porque consideró que solo no iba a poder”. Tan sólo este año, justificó, su presupuesto fue de 321 millones de pesos, mientras que para 2017 sólo se contemplan alrededor de 70 millones de pesos.
Gómez Galvarriato indica que si bien se suele decir que el AGN está mejor como parte del organigrama de Gobernación porque es una secretaría “bondadosa” en cuanto a presupuesto, la realidad se puede medir con el estado actual de los archivos, que mantienen rezagos en profesionalización y gestión documental. “Lo ideal es que quede dentro del ámbito del INAI”, dice.