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En respuesta a los dos casos de plagio que en semanas recientes han generado una serie de debates internos entre las comunidades de académicas, un grupo de investigadores de distintas instituciones educativas del país hizo pública una serie de propuestas para erradicar esa actividad.
Entre los veintidós firmantes de esta carta aparecen destacados académicos como Soledad Loaeza, de El Colegio de México (El Colmex); Rafael Rojas y José Antonio Aguilar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre otros de un total de once instituciones de investigación y de educación superior.
Entre las propuestas dirigidas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) está la adquisición y uso en todas las instituciones de investigación acreditadas ante CONACyT de programas computacionales de nueva generación para detectar el plagio académico.
Además, proponen la adecuación de las respectivas reglamentaciones de la SEP, CONACyT y ANUIES “para combatir enérgicamente el plagio y otras conductas éticamente inaceptables que están relacionadas con él”.
Otras de las propuestas de este grupo están la publicación en línea de toda la producción editorial de las revistas arbitradas, la publicación en línea de todas las tesis de los egresados de las instituciones de educación superior, la publicación del Currículum Vitae de todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, incluyendo a los participantes de las comisiones dictaminadoras y revisoras, además de la suscripción por parte de todas las instituciones de educación superior de un Acuerdo Nacional “para el establecimiento de una política de tolerancia cero frente al plagio académico.
El pasado 6 de julio, EL UNIVERSAL reveló el caso de Rodrigo Núñez Arancibia, ex alumno de El Colegio de México (El Colmex), quien consiguió en 2004 su grado de Doctor en Sociología con una copia casi íntegra del libro La revolución empresarial chilena, de la socióloga Cecilia Montero, publicado en Santiago de Chile en 1997. Una vez que las instancias académicas de esta institución comprobaron el plagio académico, por primera vez en su historia, El Colmex retiró el grado académico a un ex alumno, Núñez Arancibia.
Como consecuencia de reiterados casos comprobados de plagio, el Consejo Académico de El Colegio de San Luis decidió despedir este miércoles 22 de julio al ex académico Juan Antonio Pascual Gay.
Este miércoles 29 de julio, vence el plazo de 10 días hábiles que el SNI fijó a ambos académicos para que presenten argumentos a su favor y no pierdan su estatus de miembros de este sistema.
A continuación, se reproduce íntegra la carta:
México D.F., a 27 de julio, 2015
A la opinión pública
A la comunidad académica mexicana
A las instituciones mexicanas de educación superior
A la Secretaría de Educación Pública (SEP)
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
A la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
Por una cultura académica distinta: propuestas contra el plagio
En las últimas semanas dos casos de plagio académico han afectado de manera notable a la comunidad académica mexicana. A pesar de no disponer de cifras exactas sobre su extensión, hay suficiente evidencia de que el plagio constituye un problema bastante extendido en nuestro medio. El fortalecimiento intelectual, institucional y ético de dicha comunidad es el único camino para erradicar de su seno prácticas que la afectan de diversas formas y cuya tolerancia amenaza los valores fundamentales que la sostienen. En el centro de dichas prácticas se encuentra el plagio académico. En su ejercicio se mezclan, en primer lugar, la deshonestidad y la pereza de algunos, pero también la displicencia de otros, así como la ausencia de un marco regulatorio. En México, esta falta de regulación y de las sanciones correspondientes no hace más que contribuir a la difusión del plagio; asimismo, estas insuficiencias inciden sobre una serie de prácticas que de algún modo lo alimentan y le permiten desarrollarse.
La detección de varios casos notorios de plagio en las universidades mexicanas durante los últimos años nos parece reveladora de la crisis del sistema educativo que vive el país en todos sus niveles y de la producción del saber en particular. La apropiación indebida del trabajo de otros y de las ideas ajenas atenta contra la esencia y el sentido de la vida académica. El plagio académico está asociado con la ausencia de medidas que lo castiguen, sin duda, pero también con mecanismos de producción del saber que tendrían que refundarse, de manera que incidan directamente sobre un ambiente de tolerancia que contribuye a convertir al plagio en un problema aún más profundo, más extendido y más difícil de detectar. Esta situación debe terminar a la brevedad posible. La detección y sanción del plagio académico en nuestras instituciones docentes y de investigación son aspectos muy significativos, no solo para la formación integral de las nuevas generaciones, sino también para aumentar el nivel de nuestra vida académica y, en esa medida, para el futuro de nuestro país.
Reconociendo los pasos firmes que algunas instituciones universitarias han dado recientemente en la lucha contra el plagio académico, con el objeto de propiciar un debate serio sobre el tema en la comunidad académica, así como contribuir a erradicarlo de nuestro medio, quienes suscribimos este documento hemos elaborado las siguientes propuestas:
I. Que las instituciones de educación superior e investigación suscriban un Acuerdo Nacional para el establecimiento de una política de tolerancia cero frente al plagio académico. Esta política debe incluir un compromiso a corto plazo por parte de todas las instituciones participantes en el Acuerdo para adecuar su normativa interna a fin de establecer instancias y procedimientos disciplinarios para la detección y, en su caso, sanción a los estudiantes de todos los niveles y a los profesores e investigadores que incurran en esta práctica. Parte de esta política debe incluir la definición de lo que significa “plagio académico” y, por tanto, de los parámetros para su detección y, en su caso, sanción. Los parámetros que surjan deberán ser ampliamente difundidos entre la comunidad académica en su conjunto, incluyendo profesores, investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado. Asimismo, deben contribuir de forma directa en la redacción y promulgación de códigos generales de ética académica en todas y cada una de las instituciones de educación superior del país y centros de investigación.
II. Que la SEP, el CONACYT y la ANUIES apoyen mediante la adecuación de su reglamentación y a través de programas institucionales los esfuerzos de las instituciones de educación superior y de investigación para combatir enérgicamente el plagio y otras conductas éticamente inaceptables que están relacionadas con él.
III. Que las sanciones que se apliquen en los casos de plagio comprobado por las instancias institucionales encargadas de su investigación reflejen inequívocamente su inaceptabilidad ética, intelectual e institucional.
IV. Que el CONACYT apoye técnica y financieramente a los comités académicos de los posgrados inscritos en el padrón nacional, así como a los comités editoriales (incluidos los de las revistas arbitradas) de las instituciones de investigación registradas ante el mismo Consejo, para la adquisición y puesta en uso de software lo más sofisticado posible para la detección del plagio.
V. Que las instituciones de educación superior e investigación impulsen los mecanismos para poner en línea toda su producción editorial y todas las tesis de sus egresados.
VI. Que los CV de todos los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), incluyendo los de las comisiones dictaminadoras y revisoras, sean públicos y estén disponibles en un sitio específico del CONACYT. Asimismo, que todos los ascensos que sean promovidos o ratificados, así como los descensos de categoría, aparezcan en ese mismo sitio, con los nombres de los miembros de cada una de las comisiones respectivas.
VII. Que tanto el CONACYT como las instituciones de educación superior e investigación valoren como es debido el trabajo de dictamen o arbitraje científico de publicaciones.
VIII. Que las instituciones que formen parte del Acuerdo aquí propuesto diseñen mecanismos eficaces de información a toda la comunidad académica sobre los casos confirmados de plagio.
Por último, parece innegable que la tendencia generalizada a incrementar la cantidad de productos, el número de alumnos por programa, el número de tesis dirigidas y la eficiencia terminal (todas ellas tendencias que el CONACYT fomenta en su sistema de evaluación actual) ha terminado por jugar en contra de la calidad académica. A este respecto, proponemos que en un plazo razonable algunas de las instituciones de investigación más importantes del país, junto con el propio CONACYT, la SEP y la ANUIES, convoquen a una serie de reuniones de trabajo en la que participen los académicos mexicanos interesados, así como expertos internacionales, con el fin de diseñar políticas que, sin desechar todo lo que se ha avanzado al respecto en los últimos años y sin perder de vista la viabilidad, pongan sobre la mesa maneras distintas, novedosas, de evaluar el trabajo académico en nuestras universidades y centros de investigación.
Elisa Cárdenas, Universidad de Guadalajara
Iván Escamilla, UNAM
Daniela Gleizer, UAM-C
Soledad Loaeza, COLMEX
Benjamín Arditi, UNAM
Fausta Gantús, Instituto Mora
José Antonio Aguilar, CIDE
Alfredo Ávila, UNAM
Marco Antonio Landavazo, Univ. Michoacana
Rafael Rojas, CIDE
Roberto Breña, COLMEX
Eugenia Roldán, CINVESTAV
Ariadna Acevedo, CINVESTAV
Ignacio Almada Bay, El Colegio de Sonora
Gabriel Negretto, CIDE
Jesús Rodríguez Zepeda, UAM-I
Antonio Azuela, UNAM
Juan Ortiz Escamilla, Universidad Veracruzana
Catherine Andrews, CIDE
Érika Pani, COLMEX
Tomás Pérez Vejo, ENAH
Gilles Serra, CIDE
