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Raúl Cremoux renunció ayer a la dirección de Canal 22 luego de un conflicto laboral que inició a mediados de junio, además de acusaciones de censura contra dos programas de periodismo crítico y de la salida de varios periodistas del canal, entre ellos el director de noticias Juan Jacinto Silva, así como señalamientos por presunto tráfico de influencias.
Fuentes oficiales informaron que Ernesto Velázquez Briseño, quien todavía se desempeña como director de TV UNAM, asumirá la dirección de Canal 22.
Velázquez Briseño es periodista y escritor con estudios en Letras Hispánicas por la UNAM y años atrás había sido responsable de programación y producción del canal que dirigirá.
Desde la mañana de ayer se habló de la renuncia de Cremoux, sin embargo, no hubo un comunicado por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; lo cierto es que la noche de ayer el funcionario se despidió de algunos directivos del Canal.
En redes sociales comenzaron a aparecer los primeros anuncios. En su cuenta de Twitter el periodista Marco Lara Klahr, uno de los primeros en tener que salir del Canal y quien señaló las presiones del entonces director contra integrantes del equipo de noticias, escribió: “¡Se fue Cremoux! Deseemos que se abra en @Canal22”.
Rául Cremoux asumió la dirección del Canal el 5 de enero de 2013. En junio de este año, cuando el Canal 22 iba a cumplir su 22 aniversario, varios periodistas denunciaron en una carta la censura de Cremoux contra los programas El observador y Global 22, así como el presunto acoso laboral contra parte del equipo y el despido del director de noticias. Un grupo de 32 periodistas y trabajadores demandaron en una carta un debate público y exigieron el derecho de réplica; sin embargo, la dirección en ningún momento aceptó el diálogo con los trabajadores.
Tampoco se abrió al diálogo a pesar de que un grupo de creadores se sumó en una carta a la exigencia del cese de acoso a los trabajadores y demandó nuevamente un debate público y abierto.
Además de trabajadores despedidos, el director de la televisora había notificado que serían cesados de la Dirección de Noticias la subdirectora de Información, Guadalupe Pereyra; las reporteras Irma Gallo y Alejandra Flores, y el editor de la Agencia de Noticias N22, Marcos Daniel Aguilar.
El motivo, argumentaron directivos del Canal, fue que la televisora estaba en la necesidad de disminuir considerablemente el número de programas producidos y adquiridos en el marco del recorte presupuestal.
Sin embargo, estos despidos ya no se hicieron efectivos. Además, por supuestas órdenes del director general del Canal, el conductor Huemanzin Rodríguez había sido retirado del aire.
El viernes pasado, los reporteros y conductores Huemanzin Rodríguez y Alejandra Flores reiteraron en un foro realizado en la UNAM el propósito de su movilización: restablecer la legalidad y exigir la transparencia en el manejo de recursos en el interior de este medio público; que la pluralidad, los altos estándares de calidad y un ejercicio pleno de la libertad de expresión sean la base de su ejercicio cotidiano.
Exigieron el cese de la censura que se ha venido ejerciendo a través de amenazas veladas y cumplidas; acoso, presiones, congelamiento de periodistas y sus trabajos, así como los manejos editoriales oscuros.
Tráfico de influencias. Algunos periodistas denunciaron durante una conferencia de prensa, a finales de agosto, que además del conflicto laboral y los despidos injustificados el entonces director del canal habría incurrido en tráfico de influencias al beneficiar con contratos de adjudicación directa a su yerno, el productor Hari Camino, esposo de Daniela Cremoux, hija del funcionario.
Argumentaron que la empresa Calypso Media, de la que es socio Camino, recibió por lo menos seis contratos durante la administración de Cremoux. Asimismo, indicaron que también su hijo, Paul Cremoux, había participado en una serie de programas del canal.
El presunto tráfico de influencias habría alcanzado también a la periodista Laura Barrera, quien desde el inicio del conflicto consideró que no compartía la opinión acerca de una falta de libertad de expresión en la emisora, ya que la empresa Vitruvio Ingeniería Cultural, de la que es socia, también tenía varios contratos de adjudicación directa.
Ante las acusaciones, la periodista negó, a través de una carta, tener beneficios y argumentó que debido a que sólo es colaboradora por honorarios podía proponer proyectos de producción, y reiteró que no tenía elementos para suponer que desde la dirección se coartaba la libertad de expresión.
jram
