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Trabajadores sindicalizados del subsector cultura acudieron ayer a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para expresar sus inquietudes en torno de la iniciativa presidencial destinada a reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública y crear una Secretaría de Cultura.
A lo largo de cinco horas, organizados por grupos, fueron exponiendo sus inquietudes sobre el respeto a los derechos laborales, la defensa del patrimonio, la función social de la cultura y plantearon una pregunta: ¿Por qué separar cultura y educación cuando históricamente han estado integradas? Muchas de sus críticas son las que han expresado en diversos actos durante los últimos días, como el del plantón que tienen instalado a la entrada de San Lázaro desde el lunes pasado.
Los participantes son empleados de distintas secciones sindicales de los institutos Nacional de Bellas Artes (INBA) y Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Centro Nacional de las Artes, Radio Educación y Bibliotecas. Por los diputados participaron, entre otros, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Santiago Taboada; así como Hersilia Córdova, Manuel Zetina, Genoveva Huerta, Brenda Velázquez y Cristina Gaytán.
También participó el senador Luis Humberto Fernández. A ellos se sumó el auditor César Campa, en representación de la Secretaría de Hacienda.
“Convertir a Conaculta en Secretaría de Cultura es legalizar lo ilegal porque no tiene el mismo estatus jurídico del INAH y del INBA, que cuentan con leyes orgánicas”, dijo el arquitecto José Manuel Figueroa.
Adriana Salazar, de la Sección 2 del SNTE, fue directa en el tema de las bibliotecas. “La situación de estos espacios es de total abandono. La iniciativa no es clara, no dice qué pasará con las bibliotecas. Se dice que hay 7 mil 389 bibliotecas a nivel nacional, pero la realidad dice otra cosa. En 2001 había un promedio de 140 bibliotecas públicas en el Distrito Federal; actualmente sólo hay 23 bibliotecas y dos de ellas las tiene Conaculta. Las bibliotecas se han transferido de una dirección a otra sin un proyecto real, no deberían estar en una secretaría de cultura”, dijo.
Piden fortalecer Radio Educación. En el caso de Radio Educación, las demandas de los trabajadores se centraron en puntos como el fortalecimiento de la emisora con un presupuesto suficiente para su transformación digital, la eliminación del artículo quinto que habla de duplicidad de funciones, ya que sostuvieron, “pondría en riesgo la integridad de los trabajadores”.
Quienes fueron contundentes en su rechazo a la propuesta fueron los académicos, investigadores y docentes del INAH, al reiterar lo dicho en otras ocasiones respecto a que la iniciativa “no vela por los derechos laborales de los trabajadores, pone en riesgo el patrimonio cultural al dinamitar las instituciones que lo protegen e incluye un objetivo oculto, que es la explotación del patrimonio cultural de manera intensiva”.
En su intervención, la secretaria general de este sindicato, María de la Luz Aguilar Rojas, advirtió que en lugar de esta iniciativa, se debería legislar sobre una ley reglamentaria que garantice los derechos culturales indicados en el artículo cuarto constitucional.
Los dos últimos grupos en ser atendidos fueron los trabajadores administrativos, manuales y técnicos del INAH y del INBA. Coincidieron en que es necesario fortalecer los mecanismos legales para que ambos institutos sigan ejerciendo su labor de conservación de manera autónoma. El diputado Taboada aclaró que las inquietudes y cuestionamientos se expondrán a Rafael Tovar este viernes en la reunión que sostendrá con los diputados.