A casi cuatro años del arranque del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial se observan con claridad y con base en las cifras que hoy presenta EL UNIVERSAL —en las que se detalla que en este periodo sólo se han realizado 522 juicios orales, donde se dictaron 400 sentencias condenatorias y 122 absolutorias— que algunos de los objetivos de este nuevo modelo se han comenzado a cumplir.
Es cierto que estas estadísticas podrían alarmar a algunas personas, pero el hecho de que sean pocos los asuntos que han llegado a juicio, dan cuenta que los objetivos se han cristalizado. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para esto.
Desde que se implementó el Sistema de Justicia Penal, los expertos en la materia hablaban de que 5% a 10% de los asuntos deberían de llegar a juicio, ¿Por qué? Porque tenemos diversas soluciones alternas, como sucede en los asuntos de delitos patrimoniales, donde el principal interés del Estado es que se solucione el conflicto, esto es que el agraviado recupere su patrimonio.
El hecho de que, como hoy se publica en estas páginas, hayan llegado sólo 522 asuntos a juicio oral no quiere decir que no se sancione a los responsables, debido a que contamos con otros métodos de justicia como el procedimiento abreviado en el cual, no necesariamente la sentencia tiene que llevar un juicio oral.
Uno de los beneficios que se obtiene con este tipo de sistema penal es que se ahorra en recursos humanos y materiales, puesto que hay ocasiones en que desahogar un juicio representa mucho tiempo, por lo que es necesario que los jueces encargados estén enfocados en ese asunto.
Otro tema que considero muy importante y que debería reducirse más es el abuso de la prisión preventiva como medida cautelar. Antes era común que a una persona que se le dictaba una orden de aprehensión era enviada inmediatamente a prisión, lo que le costaba al erario, es decir, dinero público, entre 150 y 200 pesos diarios, y que resulta en que en todo el país tengamos prisiones sobresaturadas, con los problemas que esto conlleva.
Ahora, con el Sistema de Justicia Penal, si bien es cierto que existe la prisión preventiva, es una medida cautelar excepcional, incluso se podría decir que es la última medida, porque antes de esta decisión se tienen que agotar otras instancias. Pero es necesario aclarar que existen algunos casos en los que la prisión preventiva es oficiosa, como en los delitos de secuestro, narcotráfico y delincuencia organizada, entre otros.
Sin embargo, no todo en el tema de este modelo penal es miel sobre hojuelas debido a que, a nivel estatal, en algunas entidades federativas falta todavía mucha capacitación sobre el nuevo sistema, puesto que existen estados donde arrancó este modelo de justicia en 2016 sin que las autoridades estuvieran lo suficientemente capacitadas debido a que la preparación se dejó hasta última hora.
A nivel federal existe la capacitación, a lo mejor no a 100%, pero se tiene una buena capacitación, tanto en la Procuraduría General de la República (PGR), como en el Poder Judicial de la Federación. Como todo modelo, sigue siendo perfectible, por ejemplo, tal vez se pudiera capacitar a más operadores de este sistema, entiéndase ministerios públicos, conciliadores o jueces de Control, o establecer más centros de justicia penal.
Desafortunadamente, en algunos estados de la República mexicana la percepción que se tiene en la ciudadanía es que el Sistema de Justicia Penal “no sirve”, por lo que es necesario difundir de qué trata o cómo funciona el nuevo modelo, puesto que muchas veces se tiene este pensamiento debido a la falta de capacitación de algunos servidores públicos que son claves en este modelo.
Por ejemplo, algunos policías investigadores que llegan a hacer detenciones no saben cómo llenar los formatos del parte informativo o no saben en qué casos se da o no la flagrancia, y cuando el Ministerio Público después de las 48 horas consigna la carpeta de investigación junto con el detenido ante el juez, éste lo primero que debe hacer es calificar de legal o ilegal la detención, por lo que cuando se analiza si la carpeta va bien integrada o a su vez que no se dan elementos de la flagrancia, esto está generando muchas libertades. Entonces, esto resulta en una percepción de la ciudadanía de que “el nuevo sistema está dejando a los delincuentes en la calle”.
Para evitar este tipo de pensamientos, algunas veces justificados, es necesario difundir con información clara y directa en qué consiste el nuevo modelo penal.
A unos meses de que se cumplan cuatro años de la implementación en todo el país del Sistema de Justicia Penal, el balance es bueno, se va en la ruta correcta; sin embargo, es necesario seguir con la capacitación permanente de todos los involucrados en el tema, porque de ello depende que la sociedad mexicana retome la confianza en los órganos de justicia que en nuestro país, desgraciadamente, son sinónimos de impunidad y de corrupción.