En el mundo hay 50 millones de niños y niñas que se han visto forzados a dejar sus lugares de origen; 28 millones de ellos a consecuencia del conflicto y la inseguridad.
Sin sistemas de protección adecuados, sin acceso a servicios básicos (por ejemplo salud y educación) y sin formas seguras y regulares para migrar, muchos de estos niños y niñas acaban siendo víctimas de violencia, abuso y explotación. Algunos no tienen más remedio que recurrir a traficantes y tratantes de personas, con los terribles riesgos que esto conlleva. A diario, las noticias nos recuerdan los horrores que viven millones de niños alrededor del mundo – desde los testimonios de las niñas y los niños migrantes que han sido subastados como esclavos en Libia, hasta la violencia brutal que ha sido perpetrada contra las familias Rohingya en Myanmar.
La Convención de los Derechos del Niño establece que los gobiernos del mundo están obligados a proteger a todos y cada uno de los niños y las niñas que se encuentran en su territorio, sin importar su nacionalidad o su situación migratoria. Sin embargo, en la práctica no existe un día en el que no constatemos cómo la niñez y la adolescencia migrante debe soportar situaciones que cualquier padre o madre calificaría como inaceptables para sus propios hijos e hijas.
Esta situación debe parar. El cambio será el resultado de decisiones políticas, de prácticas y de actitudes transformadas para que todo niño o niña tenga garantizados sus derechos, independientemente de su lugar de procedencia, de cómo haya cruzado las fronteras o hacia dónde se dirija. Es por esta razón que los acuerdos internacionales que se negociarán el año que viene en el marco del Pacto Mundial para la Migración no pueden olvidar a la infancia. Además de ser un compromiso político, es una obligación moral.
Esta semana, representantes de todos los gobiernos del mundo se dan cita en Puerto Vallarta, México para empezar a dar forma al Pacto Mundial para la Migración. Este acuerdo es una oportunidad histórica para que los líderes mundiales se comprometan a implementar acciones y destinar inversiones concretas dirigidas a la niñez migrante.
¿Tendrán presente los delegados internacionales que se han reunido esta semana en Puerto Vallarta a esos 50 millones de niños que se han visto forzados a dejar atrás sus hogares, sus familias y sus raíces?
La respuesta debería ser clara: Cualquier niño es, ante todo, un niño . Un niño tiene derecho a ser protegido y a tener acceso a los servicios necesarios para crecer y desarrollarse de manera plena, sin importar su situación migratoria. Al fin y al cabo, hacer que la migración deje de ser un riesgo para millones de niños y niñas puede ser una oportunidad en lugar de un problema. Todo depende de una mera decisión política – una decisión que no sólo beneficiará a la niñez y a la adolescencia migrante, sino que impactará también de manera positiva a todos los Estados.
Hacer cambios sustanciales en leyes y políticas públicas para proteger a los niños y a las niñas migrantes podría parecer una tarea ardua, pero en realidad no lo es, como demuestra la experiencia en diferentes lugares del mundo.
Con ocasión de la reunión de esta semana en Puerto Vallarta, UNICEF ha publicado el informe “Más allá de las fronteras. Cómo lograr que los pactos mundiales sobre migración y refugiados protejan a los niños desarraigados” . Este informe presenta ejemplos prácticos que dan testimonio de que gobiernos, sociedad civil y comunidades en todas las regiones del mundo están trabajando en conjunto para recibir, proteger e integrar a los niños y las niñas migrantes y refugiados, demostrando así que la garantía de los derechos de la niñez en situación migrante es posible.
Dichos ejemplos son alentadores: la puesta en práctica de estándares mínimos de protección en Alemania, los sistemas de protección transfronterizos en África Oriental, la protección consular de niños y familias migrantes brindada por México en EEUU y las alternativas a la detención de niños migrantes en Zambia. Todas estas iniciativas se pueden replicar en contextos diferentes y pueden inspirar medidas y reformas a nivel local, nacional, regional y global que podrían, y deberían, formar parte del Pacto Mundial.
Las soluciones existen y el momento para que los Estados hagan lo correcto para la niñez y la adolescencia migrante es ahora. 2018 debería pasar a la historia como el año en el que la comunidad internacional se puso de acuerdo en cómo gestionar la migración internacional dentro de un marco de respeto a los derechos humanos que debe considerar, necesariamente, los derechos de los niños y de las niñas.
