Los mexicanos habremos de superar el trágico episodio que estamos padeciendo a causa de sismos y huracanes, por medio del esfuerzo, la participación y la solidaridad de todos. Por obligación jurídica y, sobre todo, por convicción ética, los políticos en general y los representantes populares de extracción priísta, en particular, estamos poniendo nuestra parte, respaldamos las acciones impulsadas por nuestro partido, e invitamos a los demás a hacer más a favor de México.
En tal sentido, hace días votamos a favor de que la Cámara de Diputados aportara 60 millones para ayudar a los damnificados de los movimientos telúricos del 7 de septiembre, y con mis compañeros del tricolor decidimos aportar 40 mil pesos adicionales cada uno, para un monto de más de 8 millones de pesos.
Ante la gravedad de los últimos acontecimientos, quienes formamos el “ecosistema” priísta, respaldamos la decisión de nuestra dirigencia nacional que ayer solicitó al INE devolver al pueblo 258 millones de pesos, el 100% de lo que resta por ejercer para el presente año, exigiendo a las autoridades que ese monto se canalice a la reconstrucción. Dado que el beneficio de esta medida es inmediato, hemos pedido a los otros partidos que hagan lo mismo pues, de sumarse a esta idea, juntos superaríamos los 990 millones de pesos de ayuda y haríamos patente, no sólo nuestra solidaridad, sino nuestra unidad ante la adversidad.
Pero la circunstancia impele a ir más allá, y contribuir a que el país disponga de una vez de más recursos para la atención de las víctimas, la ayuda de los damnificados y la reconstrucción; por eso proponemos eliminar el financiamiento público para los partidos políticos y, en adición, hacer válido el compromiso de campaña del Presidente de la República, en el sentido de suprimir las diputaciones federales y locales plurinominales, y las senadurías que se eligen por el principio de representación proporcional y los llamados de “primera minoría”.
El propósito, por lo que toca al financiamiento de los partidos, es que sea aportado exclusivamente por particulares, con nuevas reglas que garanticen la equidad, permitan la fiscalización, establezcan límites, mejoren la publicidad, transparencia y la legalidad sobre las fuentes de financiamiento, se abarate el costo de las elecciones y se mantenga la independencia de cualquier tipo de interés. Que sólo se permitan aportaciones por parte de militantes, simpatizantes o personas morales de nacionalidad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros, y que sea, siempre, a través del sistema financiero, para generar confianza en el origen y certeza en el destino de esos recursos.
No está de más precisar que, a diferencia de quienes plantearon una reforma legal, quizá porque olvidaron o no sabían que una reforma así entraría en conflicto con el texto constitucional en vigor y, por tanto, terminaría siendo aplicable hasta 2021, en el PRI hemos ideado un cambio constitucional, lo que asegura su validez. Es decir, es una iniciativa segura y más eficaz.
Acerca de la eliminación de 200 diputaciones federales, más 438 locales y 64 senadurías, lograríamos la reducción de 702 legisladores en el país y, con ello, un ahorro importante y duradero.
Somos parte de la sociedad y por eso entendemos y exigimos que el dinero que es de todos, a todos beneficie, subrayadamente a quienes hoy lo requieren con urgencia, con medidas que además de oportunas, sean trascendentes.
Coordinador de los diputados del PRI.