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La ronda de altas designaciones bajo el gobierno de Morena se inaugura con la Suprema Corte, la cual destaca porque no solamente incide en una institución clave para la moderación y el equilibrio del poder, sino porque a diferencia de otras por venir, aún no se han puesto nombres sobre la mesa.
Nadie duda de la relevancia adquirida por la Corte en los últimos años, ya que ha podido afianzar, no sin dificultades, su papel de árbitro de las disputas políticas, garante de la conformidad jurídica de las leyes y protector de los derechos amparados en la Constitución y los tratados internacionales.
En la antesala del nombramiento no está de más recordar que la función de un Tribunal Constitucional se orienta a corregir los defectos de la democracia. En ese sentido, seguimos necesitando, y ahora con especial urgencia, un perfil decididamente comprometido con los derechos, pero esencialmente con los derechos sociales, si lo que buscamos es tomarnos en serio la deuda histórica que nos mantiene como una sociedad profundamente desigual, incapaz de remover los obstáculos que han impedido la materialización del bienestar común y la justicia social para 120 millones de mexicanos.
Esta Corte requiere, además, verse favorecida con un perfil que abiertamente y sin titubeos haga pública su posición en aquellos temas en donde se advierten resistencias, tensiones e indefiniciones internas. Que muestre deferencia frente al papel desempeñado por la Corte Interamericana y su jurisprudencia, y que se comprometa a fortalecer las capacidades hermenéuticas plenas de los jueces federales y estatales, concibiendo a unos y otros como corresponsables solidarios en la activa defensa de nuestros derechos. Que no le tiemble la mano cuando haya que oponerse a la voluntad de las mayorías parlamentarias, o se necesite anteponer el interés público, pero con abierta disposición a sensibilizarse frente a las expectativas sociales.
La exigencia pública de hacer de la Corte una institución más eficaz, más funcional y más austera, reclama un perfil comprometido con su transformación. Si bien hoy tiene los atributos de un Tribunal Constitucional, todavía se encuentra lejos de desempeñarse como tal. En ese sentido, se requiere de un profundo conocedor de las dinámicas propias de estos órganos, con disposición y voluntad para impulsar cambios en la naturaleza de asuntos que conocen las salas, la forma en que se distribuyen entre las y los ministros, y la manera en que se procesan internamente, con el propósito de encontrar nuevas rutas, formales e informales, para dialogar, aproximar posiciones y deliberar, para que cada decisión venga precedida de un amplio acuerdo que vigorice sus sentencias, las inyecte de una mayor autoridad, y reivindique la voz de la Corte como voz unificada es capaz de moverse unitariamente hacia una dirección, y no como hasta ahora, en donde están claramente marcadas las individualidades, los puntos de vista irreconciliables y los pronunciamientos confusos que en poco abonan a la certidumbre.
Encontrar disposición al trabajo colegiado en toda su extensión, conduce a buscar a quien esté dispuesto a moderar sus volubilidades en beneficio de la labor colectiva, consciente de que su nombre, su presencia o su prestigio se tiene que diluir si lo que se busca es erigir una voz común que tenga la fuerza de orientar el destino de la sociedad a través de sus sentencias, algo que al menos hoy no se advierte, ya que en la forma en que votan y en los votos particulares que suscriben se patentiza la intención de remarcar las visiones individuales y no las del conjunto.
No tengo duda que actualmente los externos son los que se encuentran en mejores condiciones para afrontar estos retos. Parecen más persuadidos de que el mensaje de las urnas debe hacerse sentir en el Poder Judicial a través de una gran transformación que sin ceder en independencia, permita la oxigenación de la función judicial, destierre las prebendas familiares, elimine los excesos, profesionalice a la Judicatura, priorice el gasto público, y enraíce la autocrítica para que cíclicamente tenga la capacidad de volver a ajustar.
Esta nominación desvelará el tipo de designaciones que nos esperan dentro de las más altas responsabilidades constitucionales. Por el bien de la República, ojalá que el Ejecutivo y el Senado acierten en elegir a quienes reúnan las cualidades que nuestro déficit democrático demanda.
