No cabe duda que quien no haya estudiado derecho puede tener la habilidad de redactar leyes impecables o de expresar un inmejorable sentido de la justicia, y que quien carezca de conocimientos científicos tenga el pulso para realizar un importante descubrimiento o para escribir un libro que supere en ideas a cualquier académico.
Si bien hay casos excepcionales producto de la lotería natural de la vida, lo cierto es que cada actividad humana encuentra su debida realización cuando detrás de ellas hay personas que se han preparado para asumirlas. El espacio público no es ajeno a esta máxima. Nada tiene de particular, en este sentido, que bajo la expectativa ordenadora del Estado se hayan instituido los requisitos a satisfacer para acceder a las distintas responsabilidades gubernamentales. Los puestos políticos lejos están de enfatizar una instrucción determinada y se sustentan en requisitos que aseguren cierta oriundez y representatividad. Los cargos administrativos, en cambio, tratan de acercar la formación universitaria al ámbito de desempeño oficial. La función judicial y los órganos autónomos piden un elevado número de exigencias que no se conforman con requerir conocimientos especializados, sino que se empeñan en verificar la suficiente lejanía con el ejercicio de la actividad política, para que dichos antecedentes no contaminen las funciones técnicas.
En lo que no hemos reparado es que con independencia de si las responsabilidades públicas son altas, intermedias o incluso sencillas, no basta con satisfacer los requisitos legales, sino que resulta imperioso reivindicar la importancia de los perfiles, o lo que es más, exigir la idoneidad de quienes son promovidos para cada cargo. Cualquier función del Estado necesita del personal adecuado, en donde cada funcionario sea portador de cualidades personales que satisfagan los requerimientos institucionales y las expectativas de gobierno.
Un país con tanto potencial y tantos déficits necesita de hombres y mujeres altamente capacitados y dispuestos a emplear sus conocimientos, energías y experiencia en favor de un desarrollo que no solo es necesario sino urgente. Para alcanzarlo, es imprescindible poner a cada quien en su sitio, tanto en el nivel como en la tarea asignada, como un acto de justicia para aquellos que desde el contexto con el que están familiarizados busquen entregar lo mejor de sí, pero sobre todo como una garantía que transmita a todos los mexicanos la confianza de que tendremos un gobierno de calidad, que brindará resultados satisfactorios en el menor tiempo posible.
Cuando los perfiles no importan, quienes dejan que se les proponga se exhiben ellos mismos o son exhibidos por las redes sociales, y si logran aterrizar en los puestos difícilmente aportan algo. Quienes los proponen dentro de ternas, nominaciones individuales o designaciones directas a sabiendas de que no cuentan con los atributos personales para el encargo, confirman su predilección por la discrecionalidad, su poco aprecio por las instituciones y su pretensión de politizarlas, sin advertir que, en el fondo, se están haciendo un flaco favor al dejar que la realización de sus promesas de cambio dependa de funcionarios no del todo competentes.
Luego de cien días de la presente administración nos damos cuenta que hasta ahora, con importantes excepciones como las del servicio exterior y algunas otras, poco importan los perfiles. Más aún, parece quedar claro que son dos los criterios que permiten el acceso a los cargos públicos: haber colaborado activamente en la campaña electoral, y tener total cercanía política o afinidad ideológica con el presidente de la República y su partido político.
Nadie objeta que después de unas elecciones a las que aportaron tiempo, esfuerzo y hasta recursos, sus simpatizantes y militantes se vean recompensados con puestos en el gobierno. Lo que es contraproducente es que el acomodo de perfiles eminentemente políticos se pretenda llevar incluso a aquellos espacios que requerirían un mínimo de sofisticación y experiencia.
La colonización de la administración pública, el Congreso, el Poder Judicial y las instituciones autónomas está en marcha dentro de un esquema de dominación política que ha facilitado la tarea, porque ya ni siquiera obedece a una lógica de cuotas que dejó de ser necesaria cuando Morena obtuvo los votos suficientes para ir acomodando a sus cercanos por todas partes. Nada distinto a lo que hicieron las administraciones pasadas del PAN y el PRI.
Vale la pena que el gobierno actual conciba que quienes no son cercanos a su visión no son necesariamente sus enemigos, pero sobre todo, que hay espacios en los que la fortaleza técnica, neutralidad ideológica y la independencia, cuando así se requiera, resultan indispensables para tomar las mejores decisiones en beneficio del país.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
@CesarAstudilloR