El cerrado aval que el Senado estadounidense otorgó a la nominación de Kavanaugh a la Corte Suprema, desvela el afán colonizador del máximo órgano de justicia desde la ultraderecha.
Las dos nominaciones realizadas por el presidente Trump —junto a la de Gorsuch— confirman que, desde su posición de jefe de gobierno, logró hacer llegar a esa instancia a dos personajes que comulgan, sin fisuras, con la visión política de su gobierno, en un claro mensaje de que ninguna trinchera del poder se quedará sin contribuir a la realización de su conservadora agenda de campaña.
Lo ocurrido en nuestro vecino país no puede pasar desapercibido entre nosotros, si advertimos que en breve, el presidente Peña en acuerdo con AMLO, enviará la terna para sustituir al ministro Cossío, quien deja la Corte después de una fructífera labor como juez constitucional.
De hecho, el Presidente electo hará sentir su influencia dentro de la Corte a través de la nominación de tres ministros durante su mandato, con lo cual, su capacidad de influir en la Corte a través de ministros cercanos a su visión política estará atemperada, aunque su incorporación sí podrá modificar las mayorías y equilibrios internos para deslizar a nuestro máximo tribunal hacia posiciones más liberales y progresistas.
La primera terna, así venga formalmente del Ejecutivo saliente, desvelará el tipo de designaciones que nos esperan a lo largo del sexenio. No faltará quienes quieran, tal y como ha ocurrido hasta ahora con el PRI y el PAN, colonizar a la Corte y a los órganos constitucionales autónomos mediante el impulso de personajes comprometidos con las causas de Morena. Por el bien de la República y del Estado de Derecho, ojalá haya altura de miras para que los nombramientos se formulen en calidad de jefe de Estado, para alejarlos de los extremismos ideológicos, las cuotas de partidos, las lealtades políticas y el pago de favores, con el propósito de que a esas posiciones clave para el buen funcionamiento del orden constitucional lleguen quienes estén mejor preparados para atender la agenda de los derechos y contener los excesos del poder.
No obstante, el afán colonizador no sólo es una amenaza externa. Si la próxima nominación no se hace cargo de la visión que de la Corte y el entero PJF tenga su nuevo integrante, es muy probable que no se pueda detener, sino que incluso se normalice la colonización del Poder Judicial desde el Poder Judicial, mediante la incorporación de un ministro o ministra que vea absolutamente normal que ésta parcela del gobierno sea la morada de quienes, amparados en los vínculos familiares y de compadrazgo, han obtenido las facilidades para ingresar a él, en detrimento de aquellos que desde la igualdad de condiciones, luchan por ganarse un espacio en la función jurisdiccional. Por el contrario, requerimos un perfil con vocación transformadora, que adicional a su función sustantiva se interese por todo lo que pasa dentro de los mecanismos de selección e ingreso a la función judicial, con un abierto compromiso por no incidir, ni abierta ni veladamente, a favor de ninguna persona con la que tenga ese tipo de vínculos.
La lectura de esos tres nombres será, en este sentido, altamente perturbadora o tranquilizadora, pues reflejará si la cuarta transformación del país podrá ser leída en clave de la primera gran renovación del Poder Judicial en el siglo XXI, o si simplemente constatará la génesis de una apuesta colonizadora que atienda a las necesidades políticas del nuevo gobierno o, en el extremo, la permanencia de las negativas prácticas que se han anidado en un Poder que se muestra reacio a encabezar su propio cambio.
Ninguna colonización es aceptable en un Estado democrático. Los tribunales constitucionales representan el último reducto de contención frente a la decadencia de la democracia. No entenderlo implica dejar abierto un flanco por el cual se puede colar el germen de la complacencia política que, desde la perspectiva liberal, constituye una afrenta a un Estado de leyes e instituciones, justo en el preciso momento en el que necesitamos reconstruir las bases para volver a edificar nuestro lastimado Estado de Derecho.
Académico de la UNAM