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Mi columna pasada desencadenó una fuerte reacción del TEPJF, el cual distrajo su tiempo, sus recursos humanos y materiales para contradecir, con lujo de adjetivos y argumentos ad hominem, la opinión que expresé.
Es significativo que un tribunal que se dice especializado, haya pasado por alto que los tribunales constitucionales de mayor autoridad en el mundo han distinguido el ámbito de la opinión y el de la información, acentuando que el primero abarca la expresión de juicios de valor, creencias y suposiciones, mientras el segundo versa sobre hechos, sin que ninguno de los dos exija afirmaciones rigurosamente verdaderas, pues incluso las equivocadas tienen cabida dentro de un debate libre que busca vigorizar la opinión pública. Hace unos días, nuestra propia SCJN confirmó esta doctrina en el amparo concedido a Carmen Aristegui.
Resulta extraño que sin importarle la jurisprudencia obligatoria que sostiene que todo funcionario público, dada la naturaleza de su actividad, se encuentra sometido a un escrutinio social más exigente que los constriñe a incrementar su margen de tolerancia frente a las críticas, el TEPJF haya movilizado en mi contra a su aparato de comunicación social recién renovado, olvidando que el discurso académico difundido a través de los medios masivos de comunicación requiere de un grado especial de protección para que los expertos podamos ejercer el derecho a la crítica de las instituciones.
La reacción del TEPJF constituye, sin asomo de duda, la más amplia confirmación de todo lo que sostuve en mi artículo anterior, y demuestra, a su vez, su profundo nerviosismo por afirmar que no hay ninguna crisis, que todo ha vuelto a la normalidad, que estamos ante un tribunal consolidado, que no existen elementos para impulsar una reforma de la justicia electoral ni argumentos para pensar que un órgano distinto o una integración diferente debería asumir esta tarea. De ahí su empeño en contener a quienes no lo vemos así.
El TEPJF me objeta que omití citar al menos uno de los más de 10 mil juicios resueltos durante esta integración. No se necesita ser muy perspicaz para advertir que precisamente allí se encuentran sus mayores falencias. Quién no recuerda, por ejemplo, el caso del Bronco, que sin haber sido condecorado todavía, seguramente pasará a la historia como una de las resoluciones más ominosas en los 23 años de existencia del tribunal, al evidenciar el uso interesado de un garantismo que lo llevó a pronunciar una sentencia jurídicamente endeble, basada en riesgosas inferencias, pero que a la postre le sería altamente redituable.
Su laxitud hermenéutica ya nos había sorprendido previamente, en el caso cancha pareja, en donde se escudó en la comodidad del formalismo para derrumbar unos lineamientos del INE que, en buena medida, representaban la sistematización de los criterios que en diferentes momentos habían sido confirmados por el propio TEPJF, y que detonó un contundente mensaje de que en la antesala de la elección la cancha seguía dispareja para quien quisiera tomar ventaja.
Dentro de esta morbidez interpretativa, no debe extrañar la inusual unanimidad para revocar la sanción impuesta al Fideicomiso de Morena, cuyo consenso no dejó pasar la oportunidad de clausurar el asunto en definitiva para impedir cualquier indagación ulterior, aprestándose a recibir la ovación del nuevo gobierno. No debería causar asombro que bajo una dinámica en donde la política se ha instalado al interior del tribunal, estemos cerca de presenciar un capítulo más de una interpretación jurídicamente conveniente y políticamente necesaria, que dará de qué hablar cuando se le regrese el registro al PES.
Con júbilo, el TEPJF se ufana de haber resuelto miles de asuntos en dos años. Si siguen como hasta ahora seguramente romperán todos los récords, sin advertir que el incremento de la litigiosidad se debe, en buena medida, a que derivado de un proceso de designación auspiciado por la lógica de cuotas, los actores políticos están convencidos de que lo que no consiguieron mediante transacciones políticas, lo podrán obtener fácilmente en el tribunal, en correspondencia al apoyo otorgado.
La mecánica deliberativa defendida en la réplica del tribunal, expone una normalidad muy suya que es contraria a un principio de colegialidad basado en el respeto mutuo, la búsqueda de los mejores argumentos y la confluencia de puntos de vista. Considerar que lo normal es el reclamo abierto, la exhibición y la denostación del otro, confirma que su visión de la política es más cercana al parlamento que a la jurisdicción.
Ahí adentro hay una crisis, en el sentido de Ortega y Gasset: No saben lo que les pasa y eso es precisamente lo que les pasa. En esa desorientación, continúan sin brújula, evidenciando cada vez con menor recato, que quienes se dicen garantes de la libertad de expresión, intentan acallar desesperadamente a la academia, apagar las voces de sus críticos y mostrarse intolerantes frente a nuestras opiniones.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
@CesarAstudilloR
