Una afortunada coincidencia hizo que en los albores del cuarto de siglo de haber concretado la más relevante transformación de la SCJN y el PJF, asuma su presidencia un ministro que no proviene de la carrera judicial, cuyo plan de trabajo constituye el diagnóstico más preciso en torno a los temas agotados, los objetivos incumplidos y las necesidades que la justicia mexicana está obligada a encarar hacia el futuro.
La visión de Zaldívar fue clave en concebir que para mantener su vigor las instituciones necesitan cambiar, y que el PJF no podía esperar más y arriesgarse a que desde el exterior vinieran a renovarlo. Enarboló así una candidatura en donde convocó a sus pares a optar por liderar su propio cambio, para reafirmar, frente al poder y la sociedad, que pueden aportar su experiencia y sensibilidad en beneficio de su autotransformación, haciéndolo además desde la posición que mejor protege su independencia.
Las ideas plasmadas en el plan del presidente de la Corte dejan la sensación de que es necesario revisarlo casi todo. La lista de temas es abundante, lo cual tarde o temprano lo orillará a decidir cuáles serán las prioridades dentro de sus prioridades, y a tomar acciones para el corto, mediano y largo plazo.
Zaldívar se ha comprometido a retomar la vocación pedagógica y de magisterio de la judicatura, no sólo para sentencias más sólidas y claras para sus destinatarios, sino para explicar mejor los temas en que incide cotidianamente el PJF y de los que se desprenden beneficios directos para los mexicanos.
La búsqueda de una justicia más equilibrada en sus componentes esenciales representa uno de los pendientes que espera resolver mediante políticas más agresivas orientadas a que las mujeres ocupen más cargos de juezas y magistradas, y accedan a más espacios de gestión; propone también una justicia abierta y cercana, sin obstáculos que dificultan el acceso a las personas indígenas o con alguna discapacidad.
Es un promotor de la austeridad que va por la eliminación del gasto superfluo, las prerrogativas excesivas y la obesidad burocrática, a efecto de reorientar los recursos hacia una gestión eficaz que posibilite una justicia más expedita. No es menor el compromiso de contener los sueldos de la alta burocracia judicial durante todo su cuatrienio.
Sin complacencias, se ha dispuesto a atajar el nepotismo mediante un sistema de ingreso basado en los méritos, a través de alicientes que provengan de la carrera judicial, a cuyos cargos se accederá solo por concurso de oposición, el cual se hará acompañar, en la parte administrativa, de un servicio civil de carrera. En la lucha contra la corrupción propone utilizar herramientas de investigación más eficientes y un renovado sistema de incompatibilidades y responsabilidades, con el propósito de auspiciar una cultura de la integridad judicial que logre rescatar la imagen y autoridad del PJF.
Está consciente que una mejora sustancial de la justicia pasa por el impulso de un nuevo perfil del juzgador federal, seleccionado mediante modelos que privilegien los conocimientos, pero sobre todo la capacidad de resolver problemas mediante el uso correcto de las herramientas judiciales, con sensibilidad frente a la perspectiva de género, y con vocación de diálogo con la judicatura interamericana y la estatal, dentro de la labor de defensa de la dignidad que los compromete solidariamente.
Es amplia la agenda y poco el tiempo para realizar los cambios e implementarlos debidamente. El tiempo juega en contra del ministro Zaldívar, pero su inteligencia y arrojo, en su favor. Muchas decisiones dependen de él, pero sabe que en muchas más necesitará el acompañamiento de sus pares. Ojalá se lo brinden sin regateos. El primer consenso a favor de la reducción salarial es un paso en el sentido correcto, el cual logró permear inmediatamente en el Consejo de la Judicatura Federal, pero no así en los integrantes del TEPJF.
Si su presidencia logra concretar las líneas esenciales de su proyecto, no hay duda que estaremos en presencia de la segunda gran transformación del PJF, cuya característica esencial será haberla conseguido a partir de una introspección propia de sus falencias, y desde una posición de independencia que es vital para marcar el desarrollo de nuestros derechos, arbitrar los conflictos políticos, fortalecer el federalismo, pero sobre todo, para moderar los excesos del poder y salvaguardar los equilibrios y la salud de nuestra democracia.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM. @CesarAstudilloR