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El 6 de diciembre se cumplieron 40 años de una reforma fundacional para nuestro país: la político-electoral de 1977. Lo fue porque con ella dio inicio la transición política que tuvo uno de sus momentos culminantes en la alternancia del 2000; también porque fundó un nuevo sistema electoral, cobijando la representación proporcional, que desde entonces se convirtió en una auténtica garantía del pluralismo político y la inclusión social. También, porque puso las bases para pasar de un régimen de partido a una democracia de partidos, abriendo espacio constitucional a dichas organizaciones para que pudieran ser objeto de regulación y beneficiarios de un esquema de prerrogativas orientadas a su fortalecimiento.
Desde entonces, nos reconocimos como una nación socialmente heterogénea, que necesitaba interlocutores ubicados en los distintos extremos del espectro ideológico. Comenzamos a hablar de mayorías y minorías, de gobierno y oposición, de heterogeneidad social e inclusión política, e hicimos de la reforma electoral la vía para modificar el rostro político de nuestro país.
Pero fue también fundacional porque sembró la semilla inicial del diseño institucional de la transparencia y el acceso a la información, que fue derrumbando la gestión monopólica y patrimonialista de la información, a través de una apertura progresiva que sólo se explica en un contexto en el que la política se había pluralizado, y los gobiernos de signo distinto al hegemónico habían hecho su aparición.
Poco a poco se fue gestando la obligación de dar información sobre la acción de gobierno, de una manera cada vez más completa, objetiva y veraz; lentamente se fue abriendo paso el pluralismo en el ámbito de los medios de comunicación, hasta entonces sujetos a férreos controles del gobierno, propiciando la multiplicación de las vías para hacer fluir información entre Estado y sociedad, y fragmentando la perspectiva editorial única.
Con el paso del tiempo, la reforma logró modificar el rostro político de nuestro país, generar un sistema de partidos más competitivo, potenciar la presencia de la oposición en las Cámaras y articular un modelo de organización electoral orientado a la gestión técnica y la validación jurídica de los comicios.
La transición trajo consigo contenidos sustanciales que enriquecieron el orden constitucional. El derecho de acceso a la información, la arquitectura institucional de la transparencia y la rendición de cuentas, comprometieron indistintamente a la Federación y las entidades federativas, mejorando la salud de nuestro sistema democrático, algo que sólo fue posible porque el pluralismo político se comprometió con dicha agenda.
A cuatro décadas de distancia, tenemos elecciones confiables pero todavía no accedemos a gobiernos de calidad. Tenemos transparencia y derecho a la información, pero aún nos falta mucho para obtener gobiernos abiertos.
Necesitamos que la nueva etapa de nuestra evolución vincule la elección democrática de nuestros representantes con la gestión efectiva de los recursos públicos, la mejora de la acción gubernamental y la eficiencia de los servicios públicos a través de la tecnología; y enlace la legitimidad electoral con la responsabilidad política, la participación ciudadana, la efectiva rendición de cuentas y el combate permanente a la corrupción, para devolver a la gestión pública la integridad que alguna vez tuvo.
Para conseguir estos objetivos es necesario que, en los siguientes cuarenta años, pongamos menos atención en el fenómeno electoral y prioricemos el seguimiento de la calidad en el desempeño de los gobiernos y, de igual manera, que concedamos moderada atención a la parte instrumental del acceso a la información, para enfatizar en la forma en que dicha información puede contribuir a la mejora de la gestión pública.
Académico de la UNAM. @AstudilloCesar
