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Desde hace 40 años se ha producido una constante inversión institucional para cambiar el rostro de nuestra realidad político-electoral. Hemos dotado de grandes cantidades de dinero a partidos políticos, instituciones y procesos electorales, bajo la convicción de que ninguna democracia es gratuita ni barata, y que, si en algo vale la pena invertir, es en “democracia”.
Sucede que guiados bajo esta lógica, hemos cometido excesos que hoy son cada día más cuestionados porque contrastan con nuestra lastimosa realidad económica y social. En efecto, para que los partidos pudieran fortalecerse frente al PRI, desde 1977 comenzó una escalada de apoyos, conocidos hoy como prerrogativas, que comprometían a nuestro país a entregar recursos económicos a los partidos, para sus gastos comunes y para que en año de elecciones invirtieran en sus campañas.
Los recursos sentaron tan bien, y fueron progresivamente tan abundantes que a los propios partidos y sus legisladores se les ocurrió perpetuar ese privilegio, y no encontraron mejor manera de hacerlo que llevando dicha bonanza al interior de la Constitución. Así, desde 1996 se introdujeron en ella, las fórmulas para determinar la bolsa de dinero a repartir entre los partidos anualmente y para cada elección. La generosidad de los políticos hacía sus partidos, tuvo su clímax en 2014, al estandarizar esa fórmula y hacerla obligatoria para todo el país. Desde entonces, la bolsa de dinero es la resultante de multiplicar el padrón electoral (hoy con más de 87 millones de mexicanos) por 65% del salario mínimo diario, desde 2016 llamado UMA.
Las matemáticas hechas por el INE, al que sólo se le permite hacer multiplicaciones y divisiones, señalan que para 2018, los partidos se repartirán 6 mil 788 millones de pesos de financiamiento ordinario y de campaña en las elecciones federales. Pero dado que cuando hay bonanza hay que aprovecharla y extenderla, una cantidad cercana a los 5 mil millones, se les entregará adicionalmente en los estados para los comicios locales.
El presupuesto de las instituciones ha tenido una ruta diferente. En ningún momento se garantizó un porcentaje del PIB al gasto del IFE-INE, pero sí se les permitió presentar sus propios presupuestos y negociarlos directamente con la Cámara de Diputados. El proyecto de presupuesto del INE para 2018, que asciende a 18 mil 226 millones, representa 0.35% del Presupuesto de Egresos de la Federación, y es el promedio gastado en 2000, 2006 y 2012, a pesar de que hoy sus atribuciones se han incrementado sustancialmente.
En 1990, cuando el Tribunal Electoral era autónomo, presentaba su presupuesto directamente. Al subordinarse al Poder Judicial de la Federación en 1996, debe remitirlo al presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el presupuesto integral de ese Poder. En este año, el TEPJF está ejerciendo la suma de 3 mil 125 millones.
La bonanza de los partidos y la holgura con la que INE y TEPJF afrontan las elecciones y sus controversias, contrastan con el presupuesto asignado a la que hoy en día representa la pieza más débil de nuestra arquitectura electoral, la Fepade, que fue creada en 1994 con la función de castigar los delitos que vulneren la libertad con la que los mexicanos acudimos a votar.
La Fepade estima recibir 180 millones de presupuesto para 2018, lo cual representa cerca de 1.5% de los casi 12 mil millones que habrán de recibir los partidos políticos. Con estos anémicos recursos tendrá que perseguir prácticas tan arraigadas en nuestros comicios como la compra y coacción del voto, el uso de programas sociales con fines electorales o la divulgación de noticias y resultados falsos.
Si queremos hacer frente a estas inaceptables conductas, requerimos fortalecer a la Fepade, dotándola de los elementos para que persiga sin miramientos a aquellos que, desde su posición, están dispuestos a cualquier ilegalidad para mantenerse en el poder.
Hace dos meses, el TEPJF declaró que devolverá 350 millones de su presupuesto, derivado de una reforma que por fortuna detuvo la apertura de dos salas regionales más, totalmente innecesarias. ¿Por qué no trasladar ese presupuesto a donde realmente se necesita? ¿Por qué no dárselo a la Fepade para que se despliegue a nivel nacional y vaya a la caza de los mapaches que, elección tras elección, salen de sus madrigueras a manipular a las personas, perturbar las elecciones y erosionar a nuestra de por sí endeble vida democrática?
Académico de la UNAM
