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Cada vez es más común que, llegado el día de las elecciones, sepamos que cerca de nuestro domicilio, en un lugar habitual, se instalará una casilla en donde los funcionarios podrán corroborar nuestra identidad mediante una lista que contiene la copia de nuestro INE, existirán boletas, urnas y mamparas para cada tipo de elección, todo lo cual nos permitirá ejercer el sufragio por cualquiera de los candidatos que estén en la competencia. Ese mismo día por la noche, regularmente sabremos quiénes fueron los ganadores, y unas semanas después los veremos accediendo a sus respectivos encargos.
Esto que hoy constituye una práctica asentada, sólo es posible por el despliegue de instituciones electorales que tienen encomendadas responsabilidades específicas para que este ejercicio democrático salga bien, pero que no siempre es perceptible para la ciudadanía.
Hace poco más de un cuarto de siglo se acordó que las decisiones electorales fueran técnicas, no políticas, y que se dividieran y especializaran. Así, se confió a una de ellas, el IFE, la organización de las elecciones y a otra, el Trife, la revisión de los actos de éste, y las conductas de los partidos y sus candidatos. Inició de esta manera, una nueva etapa de nuestra organización electoral, en donde reformas progresivas fueron fortaleciendo a las instituciones electorales para que tuvieran un espacio de actuación propio, y sin injerencias políticas indebidas. En 1990, el Trife emergió como órgano constitucional autónomo y en 1996 se anexó como órgano especializado en la materia, al Poder Judicial de la Federación. El IFE nació como órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, y en 1996 alcanzó su plena autonomía. En el intermedio, la necesidad de perseguir conductas que vulneraban la expresión libre y genuina del sufragio condujo, en 1994, a la creación de una institución adicional, la FEPADE, con carácter de subprocuraduría dentro de la PGR.
En 1996, una nueva reforma vendría a incorporar un ingrediente adicional, ya que, a partir de nuestra forma federal de Estado, se determinó que dichas funciones y órganos se replicaran al interior de los estados de la República, para que las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos se llevaran a cabo por sus respectivas autoridades electorales. Es así que hoy conviven 33 institutos electorales, 33 tribunales e igual número de fiscalías, en donde INE, TEPJF y FEPADE se han convertido, por virtud de la reforma de 2014, en instancias de alcance nacional, con capacidad de incidir en las elecciones federales, pero también, y ahí está lo novedoso, en los comicios locales.
Las recientes decisiones que el TEPJF le ha revocado al INE, han generado la percepción de que no comparten la misma visión electoral. En ello ha tenido que ver la perspectiva con la que cada uno de ellos asume lo que le corresponde, así como el lugar desde donde lo hacen. Valdría la pena llamar la atención en el hecho de que la Constitución, desde 1990, creó una nueva función del Estado, precisamente la función electoral, en la cual comprometió progresivamente a los 3 órganos electorales nacionales. Hoy, el INE se asume como parte de esta función, pero el TEPJF evidencia cada vez más su alejamiento de ella, y su mayor proximidad con la función judicial. Aquí puede encontrarse la explicación al diferendo de visiones, porque no es lo mismo una institución electoral adscrita orgánicamente al Poder Judicial, que una institución judicial a la que se le otorga la competencia electoral.
Cuando existen fines u objetivos comunes a alcanzar, como la vigorización de la democracia a partir de la corrección de sus defectos, las instituciones involucradas deben orientar sus esfuerzos hacia la consecución de los mismos. Pero cuando esos fines no coinciden, es cuando se produce lo que estamos viendo. El INE busca la manera de generar paridad de condiciones en la contienda, porque así se lo mandata la Constitución, y el Tribunal, desde su espacio judicial, promueve interpretaciones legalistas y toma decisiones que van en sentido contrario, sin que al parecer medie interlocución y dialogo, tal y como debería ocurrir si se reconocieran como integrantes de la misma función.
Académico de la UNAM.
@AstudilloCesar
