El mensaje de la Suprema Corte al pronunciarse sobre la Ley de Seguridad Interior fue contundente: tener a los militares haciendo tareas de seguridad pública es incompatible con nuestro sistema constitucional; el término seguridad interior es ambiguo y esa ambigüedad pone en riesgo a las personas; la Ley se aprobó apresuradamente, sin dar oportunidad a que tuviera lugar un debate serio.
La respuesta del gobierno entrante fue desoladora: si la permanencia del Ejército en las calles es incompatible con la Constitución, hay que desechar la Constitución; si el término seguridad interior es ambiguo, desechemos el término pero mantengamos la ambigüedad; si el debate no fue serio, apuremos más el trámite para que no haya debate. Así, mediante una reforma constitucional profunda, se va a dar vida a la Guardia Nacional asignándole tareas indeterminadas como mantener el orden o la “paz pública”. Se trata de un cuerpo de seguridad conformado por policías militares y navales, la Policía Federal y nuevos reclutas. El entrenamiento de los elementos de este cuerpo y el mando operativo será militar.
La propuesta ofrece algunas salvedades: los delitos cometidos por sus miembros serán conocidos por la autoridad civil, su formación incluirá capacitación en materia de Derechos Humanos y adiestramiento como policías. La innegable es que se trata de una institución militar, formalmente adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y las salvedades no lo son. Desde hace años, los miembros de la Sedena reciben capacitación en derechos humanos, desde hace años los militares que cometen delitos contra civiles deberían ser juzgados por autoridades civiles.
En los hechos, sin embargo, los militares rara vez son sancionados por cometer violaciones contra civiles. Así pasó, por ejemplo, con el sargento —miembro de la policía militar que integrará la nueva Guardia Nacional— que fue filmado en Palmarito cometiendo una ejecución extrajudicial y sobre la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación. Hace apenas unos días fue absuelto del delito de homicidio que todos le vimos cometer. Si como se propone, los militares serán auxiliares del Ministerio Público, difícilmente veremos un cambio en este sentido. Sobre todo porque la propuesta está exenta de mecanismos serios de control externos, de transparencia o de obligaciones en materia de rendiciones de cuentas. Peor aún: los pocos controles que hoy existen en la Constitución (como la autorización del Senado para mover a la Guardia Nacional de un estado a otro) desaparecerán.
Pensar que el mismo paradigma de seguridad militarizada, que se impuso en 2006 y se profundizó durante el pasado sexenio, puede funcionar con una dosis de Derechos Humanos es un error. El problema no es la falta de cursos, sino la vocación institucional. Los militares están para proteger a la nación, combatir y eliminar enemigos; no para detener delincuentes o gestionar conflictos locales. La seguridad en manos de militares no ha funcionado los últimos 12 años porque no genera las condiciones para una seguridad sustentables. Al contrario, ha llevado al deterioro y abandono de las instituciones civiles locales. Los resultados de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial del Inegi, presentada casi conjuntamente con el anuncio de la creación de la Guardia Nacional, dan cuenta del abandono en que se encuentran las policías de nuestro país. Es curioso que en el Plan de Seguridad del nuevo gobierno no se haya incluido un apartado sobre las policías y la necesidad de su mejora. Simplemente se asume su estado de descomposición y se opta por la ruta de la militarización plena.
