Hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional en su totalidad la Ley de Seguridad Interior. Es contrario a nuestra Constitución tener a las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública de manera permanente, dijo con contundencia. Ante esta decisión, la respuesta del nuevo gobierno es que, si la Constitución estorba, hay cambiarla. No es la primera vez que se propone modificar la Constitución para blindar la permanencia militar. Ante las múltiples advertencias sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, en enero de 2017, también trató de realizarse una reforma para borrar el impedimento del texto Constitucional. Dos años después, con peores condiciones de violencia y cuerpos civiles más deteriorados, la tentación de constitucionalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública vuelve a la mesa. Hoy, como entonces, el mensaje implícito es que si la Constitución presenta un obstáculo a las necesidades actuales, la coyuntura debe privilegiarse. La norma fundamental no es entonces donde se establece los límites de lo permisible, la norma que acota a la política y que dota de seguridad a la ciudadanía, sino una ley más que puede modificarse conforme a la conveniencia y las circunstancias políticas del momento.
En teoría, la Constitución es el documento que refleja los valores compartidos de una nación y el proyecto político-social común. Ahí está plasmada la organización política y social de nuestra vida en sociedad. Establece los límites de cada poder, las facultades de cada autoridad y las condiciones de seguridad jurídica para los ciudadanos. Confina lo que la política puede o no hacer. En el caso de los militares, la Constitución establece los límites del poder militar: a ellos corresponde la defensa de la nación hacia el exterior, a las autoridades civiles la seguridad pública.
Ciertamente, las constituciones no son textos inmóviles, deben poder responder a los cambios de una sociedad. La Constitución mexicana de hoy, se parece poco al texto promulgado en 1917. A lo largo de sus cien años, ha sufrido más de 700 reformas. Algunas de estas han buscado reflejar los cambios sociales, culturales e incluso tecnológicos. Así, se han reconocido más derechos y se han creado instituciones. Pero muchas otras reformas constitucionales han sido el resultado de las exigencias políticas de la coyuntura. En esos casos la Constitución, y con ella todo nuestro derecho, ha sido sometida a las circunstancias y a la política del momento. En esos casos, el valor de norma constitucional se ha relativizado, pasando a ser un instrumento de quien detenta el poder y no el documento que refleja el pacto social y los límites del actuar político.
Cada reforma a la Constitución, especialmente si conllevan un cambio en los límites de poder, merecen una reflexión profunda, pausada, sobre los riesgos e implicaciones que tienen, no sólo en el presente sino para futuras generaciones. Constitucionalizar la permanencia del Ejército en las calles, en tareas de seguridad pública, implica un cambio profundo y de largo plazo en la relación cívico-militar. Habría que entender las razones históricas por las cuales la Constitución establece una prohibición al uso del Ejército para realizar tareas de seguridad pública. Habría también que tener presentes los peligros que conlleva blindar constitucionalmente la permanencia del Ejército en las calles y saber por qué optamos —como nación y para futuras generaciones— por una Guardia Nacional militar en lugar de elegir trabajar por una ruta civil.
El Estado de derecho es la subordinación del actuar político a las normas jurídicas. Someter a la Constitución a la coyuntura política es contrario a la construcción de un Estado de derecho y es continuar con las prácticas de los regímenes anteriores. La verdadera transformación sería empezar a respetarla.
División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea
