Sobre todo lo demás, debemos
evitar que los políticos aprovechen
el pánico temporal para
imponer limitaciones de largo
plazo a la libertad.
Bruce Ackerman,
La Constitución de emergencia.
La tarde del viernes pasado, mientras gran parte de México se preparaba para el fin de semana largo que se da para conmemorar la promulgación de nuestra Constitución, compareció en el Senado Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Aunque el objetivo de la reunión a la que acudió era la Reforma Constitucional para dar vida a la Guardia Nacional, aprovechó para hablar de la reforma al artículo 19 constitucional que busca ampliar el número de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa.
También conocida como prisión sin sentencia, la prisión preventiva oficiosa, se decreta contra una persona al momento de iniciarse un proceso penal. No es necesario que el ministerio público justifique la medida, el sólo hecho de ser señalado sospechoso por una autoridad —o por una llamada anónima— nos hace susceptibles de ser encarcelados hasta que un juez dicte sentencia. En México esto puede llevar años, tiempo durante el cual una persona tendrá que permanecer encarcelada hasta que se resuelva judicialmente su culpabilidad. Hoy casi 40% de las personas encarceladas en México están esperando que se les dicte sentencia.
No es secreto que el sistema penal mexicano está lleno de arbitrariedades, injusticias, corrupción y violencia. Diario escuchamos historias de personas detenidas sin pruebas, de víctimas maltratadas o amenazadas y, de delincuentes que, a pesar de ser señalados, nunca son detenidos. Pues bien, este es el sistema al que hoy le vamos a dar la posibilidad de encarcelarnos con la mera existencia de una acusación. La nueva administración nos pide que pongamos nuestro derecho a la libertad a discreción de aquel sistema y que, entre la presunción de inocencia y la presunción de culpabilidad, optemos por lo segundo. Recordemos además que en este nuevo proyecto de seguridad, las detenciones estarán, en buena medida, a cargo de los militares y marinos (a través de la Guardia Nacional).
Pero más allá de los serios peligros que estas propuestas representan para nuestras libertades, las palabras del secretario Durazo preocupan por lo que dicen sobre la idea que tiene este gobierno de la Constitución. Transcribo aquí parte de su discurso:
“Yo les quiero decir a ustedes que en otras circunstancia del país yo me hubiese opuesto, como muchos de ustedes lo han hecho. Pero en las actuales circunstancias de emergencia nacional necesitamos estar dotados de un marco jurídico que nos permita eficientar el trabajo de los cuerpos de seguridad, no a cargo de la violación a los derechos humanos pero sí hay rendijas que permiten, de buena o mala fe, ser utilizadas para poner en libertad a criminales que representan riesgos para a la sociedad. Cuando hay arrestos es posible que se amparen.”
El secretario aludió a la emergencia nacional como razón para limitar constitucionalmente nuestros derechos; para hacer ordinario, habitual, un régimen que tendría que ser excepcional. Peor, pidió sacrificar derechos para compensar la ineficiencia institucional. En vez de llevar propuestas para mejorar las instituciones civiles actuales, argumentó por la inclusión de la presunción de culpabilidad y la participación militar como regla constitucional.
Hoy que se conmemora la Constitución, sirve recordar que es la norma donde se establecen los principios generales y los compromisos que rigen a nuestra comunidad política como proyecto transgeneracional; donde se establecen también nuestros derechos, como límites al poder de la autoridad. Restringirlos de forma permanente no nos dará mayor seguridad, solo facilita la incompetencia y nos hace más vulnerables a los abusos de poder. Conmemoremos la Constitución defendiéndola, no haciendo de la emergencia la excusa para restringir las libertades.
División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea
