A seis meses de haberse inaugurado el nuevo gobierno, se aprobaron las leyes secundarias para dar vida a la Guardia Nacional. A diferencia del proceso de reforma constitucional para crearla (en el que el Senado abrió formalmente mesas de discusión para escuchar la opinión de legisladores, funcionarios de diversas dependencias y órdenes de gobierno, expertos y víctimas), el proceso de las leyes secundarias se distinguió por ser opaco. Como si se tratará de una fechoría, los senadores que tenían a su cargo aprobar las normas las guardaron en secreto hasta que estuvieron asegurados los votos en la cámara alta. La Cámara de Diputados, más que cuerpo revisor, fungió como aplaudidor.
Por las implicaciones que tendrán estas leyes para la vida diaria de las personas y la construcción del Estado de derecho, era indispensable una discusión abierta. Lo que se aprobó es, a fin de cuentas, las reglas que pretenden construir la institución civil nacional que habrá de brindar seguridad a este país devastado. Son también las reglas que habrán de definir —finalmente— cómo y por cuanto tiempo los militares van a participar en la seguridad pública; que determinan qué debe pasar cuando una persona es detenida (la situación más vulnerable al entrar en contacto con la autoridad); y cuándo —y cómo— pueden las instituciones de seguridad usar la fuerza letal en contra de nosotros. Sin embargo, no hubo discusión, solo acuerdos en secreto y un proceso apresurado.
Es cierto que las leyes aprobadas tuvieron enormes avances (si se les contrasta con las versiones filtradas inicialmente). Se establece, por ejemplo, que se trata de una institución civil y que, en casos de indisciplina, sus elementos estarán sujetos al fuero civil. Los elementos castrenses que participen en la Guardia deben separarse de la institución armada de la que provienen y someterse a las reglas civiles. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza, obliga a las instituciones que participen en seguridad pública a informar sobre el número de civiles muertos por sus elementos, información que la Sedena lleva más de un lustro ocultando y que es indispensable para evaluar el desempeño de las instituciones de seguridad.
Los avances son importantes, pero están lejos de concretarse aún. Además, la normatividad aprobada tiene partes muy preocupantes. A la Guardia Nacional se le atribuye una enorme cantidad de facultades, varias bastante vagas. Entre estas se encuentra el “garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social” (¿quién decide en qué consiste el “orden y la paz social”); “realizar investigación para la prevención del delito” (los delitos se investigan una vez cometidos, no antes); intervenir comunicaciones (incluidos los datos y metadatos); participar en operativos conjuntos, inspeccionar los documentos de —y detener a— migrantes, etc. Todo esto sin controles externos efectivos y otorgados no solo para delitos federales sino con la posibilidad de ser ejercidas en el ámbito local, si hay convenio de por medio. En otras palabras, la Guardia podrá hacer de todo, en todas partes, sin controles serios.
La Guardia se ha presentado como una institución distinta, que transformará la seguridad. Sin embargo, mucho de lo que está en la Ley garantiza que las instituciones actuales, con su largo historial de ineficacia, abusos y excesos, tomen control de la nueva institución. Por ejemplo, se establece como requisito para ser comandante (y ejercer el mando operativo de la Guardia), 20 años de servicio en materia de seguridad. ¿Cómo va a conformarse una institución distinta si quien la dirige debe ser parte de las instituciones que llevaron a cabo los últimos 12 años de guerra? Se establece además que la profesionalización se realizará a través de las instituciones de educación militar y naval. Es una contradicción pensar que habrá resultados distintos si se asegura la permanencia de la inercia institucional actual.
Falta mucho para ver los resultados que arroja la nueva institución. En su arranque, no pinta bien.
División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea
