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Relato aquí dos historias para entender la situación que viven muchos migrantes en Estados Unidos.
El repartidor de pizzas. Pablo, de 35 años y padre de dos niñas, fue arrestado cuando entregaba comida en la base militar de Fort Hamilton, en Brooklyn. Al llegar al fuerte, el repartidor de origen ecuatoriano se identificó con la credencial de la ciudad de Nueva York, un documento que la ciudad otorga a inmigrantes para identificarse con autoridades locales. En el fuerte le negaron la entrada por considerar que la credencial presentada no era válida. Tras una serie de cuestionamientos acerca de su origen, le pidieron registrarse para permitir su ingreso y hacer la entrega de la comida. Al hacerlo, autorizó la revisión de sus antecedentes. Así se descubrió que tenía una orden de deportación desde 2010. Esa misma noche Pablo fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El sábado, un juez federal suspendió su deportación hasta el 20 de julio. Sin embargo, mientras se resuelve su caso, permanecerá detenido.
El dreamer que volvió a Zacatecas. Antonio Cano Pacheco, de 19 años, llegó a Estados Unidos con su papá, mamá y hermanos cuando tenía 3 años. En 2015 obtuvo los beneficios de DACA, un programa del gobierno federal que protege a jóvenes inmigrantes para poder obtener licencias de manejo, trabajo y la posibilidad de ir a la universidad. En mayo fue deportado a México tras haber sido detenido por un delito menor de drogas y una infracción vehicular. A las tres semanas de su llegada, fue asesinado en Zacatecas. Nunca había conocido a su familia mexicana, hasta su deportación.
Estas historias ilustran la realidad —y terror— que viven millones de personas que han llegado a Estados Unidos —de forma legal o ilegal— en busca de mejores oportunidades laborales o huyendo de la violencia en sus comunidades de origen. Según Agenda Migrante, hay 35 millones de personas de origen mexicano viviendo en EUA, 12 millones de primera generación. Muchos viven con el temor de ser denunciados o deportados en cualquier momento. Trabajan más horas, por menos y sin derechos, a la sombra de la legalidad.
La deportación de inmigrantes no es un fenómeno nuevo. Durante la administración de Obama, fueron deportados casi 3 millones de personas. Sin embargo, en 2010 se implementaron programas —como DACA— para enfocar las deportaciones a los migrantes más recientes o con antecedentes penales y dar seguridad a quienes tuvieran más tiempo en el país. Estos esfuerzos han sido desmantelados durante la administración de Trump, quien ha intensificado el número de arrestos de “ilegales”. En 2017 fueron detenidas más de 300 mil personas en la frontera sur de Estados Unidos. En mayo de 2018, hubo más de 40 mil arrestos de migrantes sólo en la frontera sur.
Muchos inmigrantes son deportados en un proceso acelerado de remoción (es decir, sin pasar por un proceso judicial o garantías judiciales). Otros son retenidos en centros locales. Según Reuters, a falta de espacios para albergar al creciente número de migrantes detenidos, mil 600 personas iban a ser enviadas la semana pasada a prisiones federales, diseñadas para albergar a los delincuentes más peligrosos. En días recientes, varios diarios norteamericanos reportaban sobre el gran número de niños migrantes que han sido separados de sus familias y puestos en centros de detención o entregados a familias desconocidas sin dar seguimiento a su paradero.
Hasta ahora, las negociaciones del TLC se han centrado en el flujo de bienes y servicios por las fronteras, con poco reconocimiento a la mano de obra que acompaña la integración de mercados. La omisión ha favorecido a la explotación injusta del trabajo de millones. A la vez, la desigualdad y la violencia en nuestro país aseguran la expulsión de más personas hacia el norte. En el marco del tercer debate presidencial, en el que se discutirá la economía y el desarrollo, deben ponerse propuestas serias que pongan por delante los intereses de los mexicanos, no solo sobre sus bienes, sino sobre todo de las personas.
División de Estudios Jurídicos, CIDE.
@ cataperezcorrea
