Hace unas semanas el vuelo comercial en el que viajaba el presidente electo tuvo un retraso de más de 5 horas. Aunque se debió a condiciones climatológicas, muchos criticaron la decisión anunciada por López Obrador de solo utilizar vuelos comerciales y vender el lujoso avión presidencial que Peña Nieto usa. El uso de vuelos comerciales, dijeron sus críticos, es problemático porque conlleva riesgos y su agenda no debe estar sujeta a los contratiempos que aquejan al resto de los pasajeros. Para AMLO, el tema es uno de desigualdad. “Me daría pena, se me caería la cara de vergüenza subirme en un  en un país con tanta pobreza”, dijo a la prensa.

Para quienes constantemente padecemos el mal servicio y los abusos de las aerolíneas mexicanas, la decisión del presidente electo tiene su lado positivo. Viajar en vuelos nacionales es —las más de las veces— un agravio: atrasos constantes sin explicaciones, precios excesivos con restricciones draconianas, una atención al cliente infame o de plano inexistente. Las aerolíneas nacionales, que hoy operan en México como oligopolios, hacen lo que quieren con los usuarios y no hay forma de defenderse del abuso. Frecuentemente culpan de su impuntualidad a las deficientes instalaciones del Aeropuerto de la Ciudad el México, pero el año pasado, la SCT y el AICM colocaron lonas en distintas partes del aeropuerto para informar que 64% de las demoras en los vuelos (equivalente a 60,262 vuelos) eran imputables a las aerolíneas, 27% a condiciones climatológicas y solo 9% eran atribuibles a la infraestructura del aeropuerto.

Entiendo las críticas y los riesgos que implica que el presidente viaje en vuelos comerciales, pero como viajera frecuente de estos me parece una buena noticia que el futuro presidente comparta la (frecuentemente mala) experiencia que tenemos quienes los usamos. Quizás así se interese en promover un mejor servicio por parte de las aerolíneas, en garantizar una relación precio-calidad más justa y una mejor regulación del servicio. Y no sólo el presidente, todos los funcionarios deberían viajar en vuelos comerciales, usar el transporte público de sus ciudades (micros, autobuses, metro, taxis de la calle) y los demás servicios públicos que emplea la mayoría de las personas.

Indudablemente uno de los principales problemas de México es la desigualdad. Esta no es solo se ve reflejada en las diferencias de ingresos sino en la calidad de servicios a los que se tiene acceso distintos sectores de la población. Las divergencias son abismales. En salud por ejemplo, y a pesar de contar con algunas áreas en que el servicio es excelente, la experiencia de quienes usan las instituciones públicas de forma cotidiana son, con demasiada frecuencia, penosas. Tanto el personal como los pacientes sufren la falta de recursos humanos y materiales, que llegan a cobrar vidas. Pero a pesar de lo que está en juego, es poco el interés en mejorar el sistema de salud. Lo mismo pasa en otras áreas. “Más tiempo con tu familia” decía el promocional de un nuevo paso a desnivel para automóviles. Pero esa obra no le dio a todos más tiempo con su familia, solo a quienes viajan en coche. El resto, debe seguir esperando 40 minutos para subirse a un transporte público inseguro, con asientos rotos y escapes ensordecedores.

No creo que el uso de servicios públicos debe ser una obligación sancionada en caso de incumplimiento. Demasiadas veces queremos obligar a través de la sanción, especialmente la penal. Pero celebro que un funcionario procure utilizar regularmente los servicios que todos empleamos. Quizás si más personas en posición para lograr mejores servicios vivieran en carne propia los deficientes servicios del Estado o de empresas voraces, habría incentivos para mejorarlos. Pero aunque no sea el caso, simbólicamente no es menor ver la cara del futuro presidente tras 5 horas de retraso en su vuelo. Al menos en esa imagen, me representa.

División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea

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