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A cuatro años de la reforma constitucional en telecomunicaciones se ha comprobado que la competencia entre empresas no genera mayor cobertura que llegue a las personas sin acceso a los servicios del sector.
“Tenemos un problema grave, porque el modelo que tenemos no genera ni garantiza cobertura universal y no tenemos una política de inclusión digital”, destacó Jorge Fernando Negrete, analista sobre el tema.
Dijo que la reforma repite en 47 ocasiones la palabra competencia, pero no se tradujo en que las personas sin servicios tuvieran acceso a ellos y sólo beneficia a los usuarios que contaban con telefonía fija, móvil, internet o televisión de paga. “México no cuenta con una política de acceso universal, le quitaron presupuesto a México Conectado, la Red Compartida claramente va empezar a dar servicio en áreas rentables donde pueda mantener su modelo de negocio y prácticamente todos los países tienen políticas de acceso universal”, expresó Negrete.
Ayer se cumplieron cuatro años desde que se publicó el decreto de reforma en la materia en el que se destaca la creación de un órgano regulador autónomo, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como el establecimiento de reglas específicas a grupos económicos monopólicos en los sectores mencionados.
Negrete señaló que la reforma permitió el financiamiento y subsidio a empresas, lo cual las vuelve ineficaces. Comentó que las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) indicaban que la regulación asimétrica no debe aplicarse a operadores con mucho tiempo en el sector y donde no hay nuevos entrantes, puesto que los vuelve “perezosos”. “El actual modelo regulatorio nos ha dejado a 10 años de distancia de Iberoamérica en materia de competencia”, aseguró Negrete, porque en todos los países hay convergencia plena, esto es que todas las empresas pueden ofrecer todos los servicios. Sin embargo, en México, América Móvil no puede prestar el servicio de televisión de paga.
Preponderancia sin cambios. Como parte de la reforma, América Móvil y Televisa fueron declarados agentes económicos preponderantes y se les impuso regulación específica y distinta al del resto de las empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
A la fecha, las filiales de América Móvil siguen controlando el mercado, pues al cuarto trimestre de 2016, Telmex tiene 63.2% del mercado de telefonía fija y 57.5% en banda ancha fija, mientras que Telcel suma 64.9% de las líneas móviles y 71.8% de los usuarios de banda ancha móvil, de acuerdo con cifras del IFT.
Televisa, tiene más de 60% de la audiencia en televisión abierta y en televisión de paga fue declarada con poder sustancial de mercado al sumar 61% de los suscriptores, pero aún no se le ha impuesto regulación en televisión restringida. “Seguimos muy estancados en la parte de la concentración y aunque se ha dado una baja de precios no ha sido por la reforma”, comentó Gonzalo Rojón, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU). Las condiciones actuales no modificarán la estructura de mercado, dijo.
Autonomía del IFT en juego. En el tema institucional se necesita un IFT con más autoridad moral, que aprenda de sus errores para generar mejores prácticas regulatorias y un órgano verdaderamente autónomo, dijo Negrete.
“Porque en este instante está siendo sujeto a represiones políticas de partidos, del gobierno y de la sociedad civil”, declaró el experto.
“Un reto de la reforma es garantizar la absoluta independencia del regulador y que no se le amputen facultades ni en licitaciones ni en derecho de audiencias ni en su autonomía”, destacó el analista. Agustín Ramírez, experto en telecomunicaciones de la Universidad Anáhuac, coincidió en que se debe consolidar al órgano regulador. “Una defensa de autonomía en términos de atribuciones, porque lo que está en juego y no se ha resuelto ni en la Corte ni en el Senado es si se le retirarán atribuciones, fundamentalmente en materia de radiodifusión”, señaló.
Esto se debe a que inicialmente se cometió el error cuando el Pleno del instituto no llevó a cabo una controversia constitucional cuando se promulgó la ley.
Gonzalo Rojón mencionó que hace falta rigor en el instituto, “si queremos llegar a un mercado en competencia debe ser más férreo en sus decisiones”. El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue contactado; sin emgargo, no estuvo disponible para hacer comentarios.
