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La firma del contrato de Asociación Pública-Privada (APP) entre Altán y el Promtel no detuvo los procesos jurídicos iniciados por el consorcio Rivada. Este acto “no detendrá los procesos legales iniciados por la empresa en tribunales mexicanos para demostrar que su descalificación fue ilegal y que además, existieron serias irregularidades por presuntos actos de corrupción durante el proceso”, aseguró Rivada en un comunicado.
Este martes, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), Telecomunicaciones de México (Telecomm) y el consorcio Altán Redes, firmaron el contrato de APP, donde el ganador de la licitación se compromete a desplegar infraestructura para dar cobertura a 92.2% de la población en el país.
Altán Redes aseguró que para el 31 de marzo de 2018 cumplirá con la cobertura de 30% de la población, alrededor de 36 millones de mexicanos, para lo que instalará entre siete y ocho antenas diarias.
El consorcio señaló que los elementos ilegales más destacados en el proceso radican en la descalificación del consorcio Rivada, la utilización de información confidencial por parte de Altán y la participación de un gobierno extranjero en Altán Redes.
Rivada inició dos juicios de amparo, mismos que se encuentran en curso, recordó.
“Todos y cada uno de los argumentos que ha presentado Rivada se encuentran debidamente fundamentados y gozan del respaldo de las evidencias que están siendo evaluadas por los jueces y por la Secretaría de la Función Pública”, informó.
Agregó que usará todos los recursos legales necesarios para eliminar actos de corrupción “que afectan los principios constitucionales y no permiten a la mayoría de los mexicanos obtener los enormes beneficios que representa una mejor propuesta para la Red Compartida”.
Recordó que existe una investigación iniciada por el Órgano Interno de Control, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo objetivo es deslindar responsabilidades, a la cual da seguimiento Rivada.
“La empresa insistirá en estas acciones, que se realizan para demostrar que se actuó de manera ilegal en contra de Rivada y que la actuación de la SCT fue parcial en un proceso que debía ser equitativo en beneficio de la población mexicana”, destaca.
De acuerdo con Rivada, el hecho de que la SCT haya adjudicado el contrato de la Red Compartida a un solo postor resultará en una menor cobertura de la red.
El consorcio Rivada fue descalificado de la licitación de la Red Compartida por no presentar la garantía de seriedad como parte de
su propuesta.
Por otra parte, ante la información emitida por Rivada en contra del proceso licitatorio, la SCT iniciará procesos legales contra la empresa en tribunales mexicanos y estadounidenses a causa del daño que significan las opiniones de la empresa y su CEO.
