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Ninguno de los socios del consorcio Altán cuenta con mayoría de participación, lo que demuestra que no quisieron tener una exposición sustantiva al riesgo, explicó Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones.
Las participaciones están muy diluidas y ningún participante tiene más de 33.38%, de manera que ninguno tiene mayoría.
“Esa forma de financiar al consorcio demuestra que ninguno de ellos quiso asumir el riesgo completo, es decir, tener una participación mayoritaria en el consorcio implicaba que iba a tener más exposición al riesgo del proyecto, por lo que se formó como portafolio de inversionistas”, subrayó el analista.
El pasado 17 de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el fallo de la licitación de la Red Compartida en favor del consorcio Altán.
Dicho consorcio está conformado por Marapendi Holding, fondo de infraestructura administrado por Morgan Stanley Infrastructure (MSI), con 33.38% del consorcio; el Fondo México-China cuenta con 23.36%; Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), con 12.68%, Hansam tiene 9.35%, FFLATAM, constituido en Banco Invex, con 6.54%.
También participan Megacable y Axtel, con 4.01% cada uno, así como el IFC del Banco Mundial y Eugenio Galdón, con 3.34% cada uno.
Aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no encontró problema alguno en que Megacable y Axtel formen parte del consorcio ganador, debe emitir un acuerdo donde considere algunas disposiciones regulatorias específicas relacionadas con la operación de la Red Compartida.
“Si el instituto no establece por lo menos un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de cuales serían las obligaciones que tendrían los directivos del consorcio respecto a la administración y uso del proyecto de la Red Compartida, incurriría en una omisión importante”, señaló Ramiro Tovar.
