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Axtel, miembro del consorcio Altán, único participante en la licitación de la Red Compartida, buscará ser operador móvil virtual usando esa infraestructura, aunque lo tiene prohibido como empresa de telecomunicaciones.
“Los concursantes deberán considerar que la celebración de cualquier acto relacionado con el proyecto se sujetará al cumplimiento permanente de la condición de que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la Red Compartida”, indican las bases de la licitación del proyecto.
A septiembre de 2016, Axtel contaba con 529 mil líneas de telefonía fija y 406 mil suscriptores de banda ancha.
“Hay que encontrar la forma y el punto medular en que no vamos a hacer nada que sea disruptivo para el marco jurídico que marcan las bases, hay que ser muy cuidadosos con ese detalle, pero seguramente vamos a encontrar la forma en que esto pueda potenciar las capacidades de negocio de la empresa”, precisó Ermilo Vázquez, director de Regulación e Interconexión de Axtel durante un evento del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre competencia económica.
Antes de darse a conocer que Axtel y Megacable formarían parte del consorcio Altán, la empresa había externado su interés por usar la Red Compartida para ofrecer telefonía móvil.
Mencionó que la expectativa es que “sea favorable” el resultado de la licitación de la Red Compartida, cuyo fallo se dará a conocer mañana.
“Hay que ser cuidadosos con las limitaciones de las bases, pero definitivamente Axtel lo ve como un mecanismo disruptivo para ingresar a un mercado donde no hemos podido acceder, que es el de telefonía móvil”, indicó Ermilo Vázquez.
IFT validó participación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó la participación de Megacable y Axtel como parte del consorcio Altán al no encontrar problemas en materia de competencia económica, dijo Gabriel Contreras, presidente del regulador.
“(El IFT) validó precisamente su participación por no haber ningún problema en los términos que se expuso en la resolución del propio instituto”, aseguró el titular del regulador.
El instituto revisó que todos los participantes que fueron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no tuvieran un efecto adverso en la operación de la red, agregó.
“Es un mandato constitucional que no se afecte la Red por ningún posible operador de telecomunicaciones”, manifestó el organismo regulador en materia de telecomunicaciones.
El presidente del instituto mencionó que su obligación con la Red Compartida es permanente, por lo que velarán que no se afecte el proceso de competencia, principalmente guiándose por lo que dice la Constitución respecto a que ningún operador puede tener influencia en la operación de la Red.
“Eso no excluye que puedan tener participación, por ejemplo en el capital, que participen de alguna forma, que sean proveedores. Únicamente implica que ningún prestador de servicios pueda tener influencia en la operación de la red”, aclaró.
