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Los usuarios de Netflix y Claro Video que busquen inconformarse con el servicio que prestan estas empresas OTT (Over The Top) van a tener que acudir a un arbitraje en Estados Unidos, dejando fuera la posibilidad de que intervenga la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Ambos contratos indican que las controversias, reclamaciones o conflictos se resolverán a través de un arbitraje obligatorio, y no en tribunales de competencia general.
Dicho arbitraje “se regirá por el Reglamento de Arbitraje Comercial y los Procedimientos Adicionales para Controversias de Consumidor (en su conjunto, “Reglamento de la AAA”) de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA)”, precisan las empresas que ofrecen el servicio de televisión de paga por internet.
Al respecto, Alejandro Calvillo, presidente de El poder del Consumidor, indicó que las autoridades deben intervenir, pues el servicio se ofrece dentro del país y los usuarios deben tener la posibilidad de que cualquier inconveniente, sea resuelto aquí.
“La autoridad está en México, el servicio se da en México, esto es sin duda anticonstitucional”, subrayó.
Calvillo recordó que los contratos de telecomunicaciones se someten a revisión por parte de Profeco y, en su momento, fueron evaluados por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), por lo que este tema debe ser retomado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la propia procuraduría.
El presidente de El Poder del Consumidor también pidió que los contratos destaquen en letra grande los aspectos importantes que las autoridades consideren que es necesario que el consumidor conozca.
“En muchas ocasiones estos contratos están escritos de una manera difícil de interpretar por el usuario común, el ente regulador debería traducir en muchos casos estos contratos, pero principalmente los aspectos que son más importantes”, agregó Alejandro Calvillo.
Contratos se apegan a ley americana. La semana pasada se dio a conocer que las cláusulas del contrato de Chivas TV señalaban que los usuarios podrían resolver las controversias sólo a través de arbitraje vinculante.
“Usted acuerda renunciar a su privilegio de recurrir a un tribunal para ejercer o defender sus derechos en virtud del presente contrato”, mencionaba el contrato.
Sin embargo, esta cláusula fue modificada y ahora menciona que el contrato se rige e interpreta de acuerdo con las leyes federales mexicanas.
“Las partes del contrato convienen expresa e irrevocablemente en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de Guadalajara, Jalisco, México, respecto a cualquier demanda, acción o procedimiento y renuncian expresa e irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por razón de sus domicilios presentes o futuros o por alguna otra causa”, precisa.
Debido a las fallas en el servicio de Chivas TV y a las cláusulas que después fueron removidas del contrato, la Profeco tiene dos investigaciones en curso respecto al servicio recién lanzado por el equipo de futbol.
A su vez, el contrato de Claro Video precisa que los usuarios que acepten las condiciones de uso de la plataforma, admiten también que las inconformidades sean resueltas bajo la Ley de Federal de Arbitraje de Estados Unidos, y tanto el cliente como DLA ―filial de América Móvil― “renuncian al derecho al juicio por jurado, o a participar en una acción de grupo”.
El contrato de Netflix también estipula que al aceptar los términos de uso, el suscriptor queda enterado de que será la ley estadounidense la que interpretará la cláusula en controversia, y el usuario renuncia a un juicio por jurados o acciones colectivas.
Esta plataforma precisa que el arbitraje consiste en recurrir a un “árbitro imparcial en lugar de un juez o jurados, permite un periodo de instrucción más breve que el tribunal y está sujeto a revisión muy limitada por parte del tribunal”.
Además, menciona que estos árbitros pueden ordenar el pago de daños y perjuicios, como lo haría un tribunal.
En tanto, Blim de Televisa, servicio que comenzó a operar apenas este año, se rige por las leyes mexicanas, el contrato indica que los usuarios y la empresa se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México.
Lo anterior aplica “respecto a cualquier demanda, acción o procedimiento y renuncian expresa e irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por razón de sus domicilios presentes o futuros o por alguna otra causa”.
