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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es laxa en cuanto al proyecto de protección de datos de usuarios de telefonía móvil que está listado para ser discutido hoy, consideró Irene Levy, presidenta de Observatel.
“En este proyecto la Corte se está volviendo más laxa cuando la tendencia internacional es a proteger a los particulares de este resguardo de metadatos, porque paradójicamente el que una medida de seguridad sea validada por la Corte, puede hacer que todos estemos en inseguridad, pues estos datos se pueden usar incluso para secuestro en caso de que no sean bien resguardados”, señaló la especialista.
La Corte resolverá si son constitucionales los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los cuales indican que las autoridades federales tienen atribuciones para solicitar a las empresas de telefonía móvil los datos de los usuarios y sus comunicaciones.
El amparo que atrajo la Corte indica que dicha legislación resulta contraria a los derechos humanos, de legalidad y seguridad jurídica, a la protección de datos personales y a la inviolabilidad de las comunicaciones.
Sin embargo, el proyecto a discusión del ministro Alberto Pérez Dayán indica que los artículos antes mencionados son constitucionales.
“No parece haber un entendimiento exhaustivo de lo que implica la tecnología, al parecer para el ministro Pérez Dayán los metadatos los toma como datos del teléfono, no invaden la privacidad ni la intimidad de las personas, cuando en realidad lo que vemos en un teléfono móvil o un dispositivo móvil en general es casi un retrato de la persona que lo usa y con quienes tiene contacto”, destacó Levy.
“Esto implica que haya poco control sobre la información que se puede dar a conocer”, dijo.
Levy agregó que en México las autoridades no son confiables y se filtran las bases de datos con gran facilidad, y los operadores tienen que resguardar la información de los usuarios lo cual vulnera la posibilidad de que los metadatos sean accesados sin permiso.
Sobre la geolocalización, dijo que el término de las autoridades competentes quedó muy amplio e hizo un llamado para que este tema sea discutido en el Pleno de la Corte.
Agustín Ramírez, experto en telecomunicaciones de la Universidad Anáhuac, comentó que en el proyecto no hay claridad sobre lo que se discute.
“Se ha generado mucha controversia en la Corte, porque me parece que no todos los ministros están de acuerdo en el manejo de los criterios sobre la reserva de ciertos datos”, mencionó.
Para él, el problema central es la discusión sobre qué es una instancia de seguridad nacional.