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A partir de los controles aprobados por la Cámara de Diputados a los despachos de cobranza, los banqueros descartan un alza en la morosidad de los clientes ante una menor presión para recuperar créditos vencidos.
“No creemos que aumente la morosidad. Es un tema que ya habíamos platicado con las autoridades y ya se buscaba regular mejor”, dijo el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), Alberto Gómez Alcalá.
Explicó que los controles a los despachos de cobranza ya operaban en algunos estados, de manera que el único riesgo es que se tenga una mala interpretación ahora que se les aplicarán controles en todo el país.
“En la Ciudad de México y Nuevo León ya opera como iniciativa local, y ahora es federal. Es un campo favorable, la preocupación es la interpretación que se pueda dar a esos términos, pero el tema de la cobranza extrajudicial lo hemos visto y la Condusef lo ha documentado, ha disminuido significativamente”, dijo Gómez Alcalá.
Así, se espera que en las próximas semanas el Ejecutivo federal publique en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al Código Penal que tipifican como delito la cobranza extrajudicial.
Según los cambios aprobados en abril pasado, las actividades que serán sancionadas son gestión de cobranza con maltrato y ofensas, utilizar nombre o denominación que se asemeja a una institución pública, enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad y amenazar, ofender o intimidar al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda.
Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), de enero a abril de 2017, a través del Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), se contabilizaron 7 mil 960 reclamaciones por malas prácticas de cobranza.
Según la Condusef, la causa más reclamada fue la gestión de cobranza sin ser el usuario, cliente o socio deudor, seguida de no dirigirse de manera educada y respetuosa, y por amenaza, ofensa o intimidación.
“Ante la eventual publicación de las reformas al Código Penal, en donde se pretende sancionar de uno a cuatro años de prisión e interponer multas de 50 mil a 300 mil pesos la cobranza extrajudicial, la Condusef ha detectado en el Redeco que si estas disposiciones hubiesen entrado en vigor a principios de año, habría ya 5 mil 477 prácticas indebidas de cobranza tipificadas como delito”, explicó el organismo.
