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En los primeros cuatro meses del año, Bancomer, Santander y Banorte Ixe concentraron el mayor número de quejas por acciones de cobranza que se consideran un delito y se sancionan hasta con cárcel, de acuerdo con las reformas al Código Penal.
La Condusef dijo que brindará asesoría legal a los usuarios que sean violentados o intimidados para requerir el pago de una deuda, lo que se conoce como cobranza extrajudicial ilegal.
Las causas de reclamación tipificadas como delito son amenazas, ofensas o intimidación al deudor, a familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda.
Asimismo, si envía documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad; gestión de cobranza con maltrato y ofensas y utilizar nombre o denominación que se asemeja a una institución pública. Las reformas establecen sanciones de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.
