Recientemente se revelaron resultados sobre la tasa de desempleo en México, que indican que ésta se encuentra en su nivel más bajo en casi 11 años. Durante febrero, únicamente 3.5% de la Población Económicamente Activa en el país se encontró desocupada, revelando el dato más bajo desde mayo de 2006, según cifras del Inegi.
Esto es claramente una buena noticia. Sin embargo, detrás de esta cifra, hay un indicador que revela un problema estructural que obstaculiza significativamente el crecimiento económico y la productividad de México: la informalidad. La tasa de informalidad laboral en febrero fue de 57.3%.
Los indicadores varían mucho de un estado al otro: en Chihuahua la tasa de informalidad al cuarto trimestre de 2016 fue de 31.2%, mientras que en Oaxaca 75% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. No sorprende que los estados con mayores índices de informalidad sean los más pobres.
Esto refleja una cara del problema: la gente en los estratos socioeconómicos más bajos suele ser la que tiene menor educación y mayor dificultad para insertarse en el mercado laboral formal. Ante la falta de oportunidades, su opción es el sector informal, en donde predominan los bajos salarios y no se goza de seguridad social incluyendo acceso a servicios de salud, ahorro para el retiro y otras prestaciones.
Para las Pymes, la informalidad también implica enormes costos, pues limita el acceso a fuentes de financiamiento institucional para hacer crecer su negocio, y están desprotegidas ante cualquier conflicto laboral. El clientelismo, el corporativismo y la corrupción son más frecuentes en el sector informal.
Además, la informalidad es una barrera para insertarse en las cadenas de valor pues para convertirse en proveedoras de empresas nacionales o extranjeras, las Pymes deben operar apegadas a la ley y en cumplimiento con normas y procedimientos a las que están sujetas estas empresas.
El Estado también pierde con la informalidad pues no cobra impuestos, ni recibe pago por la provisión de servicios, ni garantiza la calidad ni seguridad de bienes y servicios, ni dirime diferencias. La informalidad limita la protección al consumidor.
Para los que laboramos en el sector formal y pagamos impuestos, el hecho de que más de la mitad de los mexicanos operen en la informalidad implica que la carga administrativa para nosotros sea muy alta.
En pocas palabras, todos perdemos con la informalidad. Este es un problema con múltiples causas, de gran magnitud y muy heterogéneo. Atacarlo es una tarea compleja que debe abarcar diferentes aristas. A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno por erradicar la informalidad sexenio tras sexenio, las cifras demuestran que no se ha logrado reducir de manera significativa, y este factor continúa siendo un lastre para la economía mexicana.
De acuerdo con la Visión México 2030 del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, la única forma de romper con este círculo vicioso y lograr incorporar a los negocios informales a la formalidad es disminuir el costo de esta última. Ello requiere reducir la carga regulatoria, acabar con la extorsión en el sector formal, especialmente para el caso de las Pymes y generar los incentivos adecuados para fomentar la formalidad.
Para lograrlo, se deben identificar las principales fuentes de extorsión y con base en ello diseñar estrategias para erradicarlas. Algunas propuestas en ese sentido son: profundizar la apertura comercial para evitar el contrabando y el comercio ilegal, reducir las normas oficiales, racionalizar el costo de la seguridad social, digitalizar trámites y procesos, impulsar el uso de pagos electrónicos y no solicitar información a las empresas que ya la hayan emitido anteriormente con otra autoridad.
Se debe también realizar un esfuerzo decidido por reforzar la recaudación del predial, ofreciendo mejores incentivos a los que se tienen actualmente.
*Presidente y Director General de Laureate México y de la Universidad del Valle de México
