Más Información
sara.cantera@eluniversal.com.mx
Paulo Diez, representante legal de Infraiber, presentó ante la PGR una denuncia de hechos por posibles actos de corrupción en contra del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Lo anterior debido a que cometieron supuestos actos de corrupción en la licitación del Viaducto Bicentenario, especialmente, en la compra de unas máquinas removedoras de barrera para abrir un carril reversible en el Periférico durante las obras de construcción de esta vialidad.
Diez explicó que la denuncia incluye a Luis Videgaray porque él era secretario de Finanzas del Estado de México cuando OHL México ganó la licitación para la construcción del Viaducto Bicentenario en abril de 2008, y a Ruiz Esparza porque era secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México.
La denuncia se hace extensiva a Eruviel Ávila por presuntamente haber ocultado información sobre la compra de las máquinas removedoras de barrera. “La adquisición del sistema no se hizo con el fabricante estadounidense, sino con un intermediario”, detalló Diez.
La empresa que le vendió las máquinas removedoras a OHL fue Operadora Barrier Systems de México, no reconocida como proveedor o subsidiaria oficial del fabricante de la maquinaria: Barrier Systems, que pertenece a Lindsay Corporation.
Uno de los accionistas de la empresa mexicana Barrier Systems de México y miembro del consejo de administración es Ricardo Arturo San Román Dunne, hermano de un compadre de Enrique Peña Nieto. Barrier Systems de México le pagó al fabricante estadounidense 250 millones de pesos por las máquinas removedoras, pero el gobierno del Estado de México permitió que OHL registrara por ese concepto, en el Circuito Exterior Mexiquense, un monto de 485.4 millones de pesos.
El representante legal de Infraiber sospecha que el sobreprecio al que se adquirieron las máquinas removedoras puede constituir el pago por la casa que la familia San Román le vendió a Enrique Peña Nieto en Ixtapan de la Sal. La PGR tendrá que identificar qué delitos implican todos estos hechos que denunció Paulo Diez.
