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maria.saldana@eluniversal.com.mx
Al menos dos contratos firmados durante la gestión del ahora ex director general de Exportadora de Sal (ESSA), Jorge Humberto López Portillo Basave, fueron la causa de que el gobierno federal —como socio mayoritario de la empresa— enfrente dos demandas internacionales, por un monto de mil 320 millones de dólares, más gastos e intereses.
Uno de los casos es un litigio con la empresa Packsys, por 300 millones de dólares en daños directos y mil millones de indirectos, conflicto que en marzo pasado obtuvo la resolución favorable a ESSA por parte de un juez de California, Estados Unidos, aunque se espera apelación, según la minuta que circula en ese país.
El otro es con la empresa Corretaje Marítimo Sudamericano por 27.2 millones de dólares, de los cuales, la empresa reclama el pago restante de 20 millones, más gastos e intereses.
En estos asuntos participa la Secretaría de Economía, porque ESSA está a cargo de la dependencia. En esa empresa, el gobierno federal participa con 51%, por lo tiene mayoría para la toma de decisiones, a través del Fideicomiso de Fomento Minero, el restante 49% corresponde a la japonesa Mitsubishi Corporation.
El primer asunto inició porque sin contar con la autorización del Consejo de Administración, el ex funcionario firmó contratos de venta de salmuera residual a la empresa Packsys, de acuerdo con información oficial.
Las condiciones eran ventajosas para Packsys porque el contrato fue por el tiempo que durara la concesión de ESSA, es decir, por más de 30 años y contenía una cláusula con renovación a perpetuidad.
El precio se fijó a cuatro dólares por tonelada de salmuera, lo que no correspondía al precio que realmente tenía porque recientemente se descubrió que el agua con sal, llamada salmuera, contenía litio, un elemento que se vende a 36 mil dólares la tonelada, de acuerdo con fuentes ligadas al proceso.
En dicho contrato se comprometió 40% de la producción total de la empresa, además de que se sometía el contrato a jurisdicciones en el extranjero a pesar de que las dos partes son firmas nacionales.
En el caso de Packsys, el juez estadounidense que lleva el caso en Los Ángeles, California, determinó que hay elementos suficientes para considerar que el ex funcionario actuó sin atribuciones para firmar el contrato y desestimó la queja de la demandante. Sin embargo, la empresa tiene hasta octubre para apelar y presentar sus agravios
La confrontación con Corretaje Marítimo Sudamericano tiene que ver con que firmó un contrato para comprar una barcaza de 15 mil toneladas métricas de capacidad por un valor de 27.2 millones de dólares; a pesar de que solamente se le autorizó realizar estudios técnicos para la compra de una barcaza de 10 mil toneladas métricas por un valor de 6.8 millones de dólares, expusieron las fuentes ligadas al proceso.
A pesar de que no contaba con la autorización hizo un primer pago de 6.8 millones de dólares, e incluso para dar ese anticipo pidió que le dieran un nuevo dispositivo de contraseñas al banco.
Con la salida de López Portillo Basave, el nuevo director de ESSA encontró los contratos que firmó su antecesor aún sin aval del Consejo de Administración de la empresa.
En el caso de la barcaza se lleva el litigio en Londres en la que la firma reclama el pago de 22 millones de dólares restantes, y el cumplimiento del contrato, sin que la empresa tenga conocimiento de que se haya iniciado la construcción del barco.
