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miguel.pallares@eluniversal.com.mx
La discusión por un posible incremento del impuesto a los refrescos sube como espuma en México.
Ayer, organizaciones civiles y legis- ladores de izquierda presentaron una iniciativa en el Senado para aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, de uno a dos pesos por cada litro del producto.
Tras el evento, las compañías refresqueras agrupadas en la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) enviaron una postura escrita a este medio para manifestar su preocupación por la propuesta y calificaron el gravamen como “regresivo”.
En medio de estas posiciones hubo un punto de coincidencia: la exigencia de que la Secretaría de Hacienda transparente en dónde y cómo se han ejercido los más de 49 mil millones de pesos recaudados por concepto del IEPS a bebidas azucaradas.
Incluso, el senador perredista Armando Ríos Piter dijo que va a solicitar una auditoría para este tema.
“Es una enorme recaudación. La Secretaría de Hacienda no ha dado datos al Congreso de la Unión sobre dónde se están enfocando esos recursos... Hay empresas que dicen se está generando un recurso que no se está invirtiendo en salud”, indicó.
Añadió que no sólo se trata de desincentivar el consumo, sino de garantizar la instalación de bebederos de agua en escuelas, infraestructura en salud y apoyar a la población con enfermedades ligadas con esta problemática como estipula la ley.
La ANPRAC expresó que “parece relevante conocer la forma en cómo han sido aplicados los recursos generados por concepto de IEPS a bebidas saborizadas, porque a la fecha se han recaudado más de 49 mil 129 millones de pesos, cantidad por encima de lo presupuestado”.
Baja en consumo. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, precisó que el incremento de dos pesos por litro a las bebidas azucaradas puede provocar una reducción de 12% en el volumen de ventas de este tipo de productos en un año y reiteró la gravedad del problema de obesidad en México.
“La demanda de aumentar el impuesto debe verse en un escenario donde en 2012 teníamos 80 mil muertes anuales por diabetes y el secretario de Salud acaba de dar el dato: en 2015 murieron más de 90 mil personas por diabetes” indicó.
Agregó que alrededor de 75 mil personas son amputadas cada año por la diabetes y ésta se ha convertido en causa número uno de ceguera en personas económicamente activas.
“Uno de cada tres niños nacidos a partir de 2010 va a desarrollar diabetes, el sistema de salud pública está colapsado. Debemos fortalecer este impuesto”, abundó.
Entre los argumentos de la ANPRAC contra el impuesto están los estudios de instituciones como el Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León que coinciden en un impacto para la población más pobre del país con el gravamen, así como un mínimo impacto en la ingesta calórica.
