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El acercamiento entre KIA Motors México y el gobierno de Nuevo León iniciado en noviembre, para lograr una renegociación de los incentivos que recibirá la empresa por instalar una planta, lleva de por medio el futuro de hasta 70 mil empleos en la región.

La automotriz, en conjunto con sus proveedores, ha contratado directamente a 4 mil personas y se prevé que a largo plazo se generen 14 mil empleos directos y 56 mil indirectos.

La firma destinará 2 mil 500 millones de dólares, para instalarse en el municipio de Pesquería, con capacidad de producir 300 mil vehículos al año, y con la que aumentará en 10% la producción global de la empresa.

La fábrica generó polémica debido al monto de incentivos otorgados al proyecto por el anterior gobierno estatal, encabezado por Rodrigo Medina.

El mes pasado, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo que la gestión pasada exageró en los compromisos pactados con KIA, y los calificó como incumplibles, por falta de dinero.

De acuerdo con especialistas, el problema se debe a la falta de una política pública para ponerle un límite a los incentivos que ofrecen los estados para atraer inversión extranjera, pues la administración de Medina se comprometió a realizar obras de infraestructura y otorgar incentivos fiscales a la automotriz por 11 mil millones de pesos.

El monto equivale a 28% de la inversión total de la firma y sus proveedores por 2 mil 500 mdd, cuando la Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo en Nuevo León permite dar incentivos por un máximo de 5%.

Mauricio Kuri, analista automotriz y catedrático del Tecnológico de Monterrey, dijo que ProMéxico fija un límite de incentivos federales de 10% del monto total de la inversión para inversiones estratégicas, como la de KIA.

El secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León, Gregorio Canales, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que el estado publicó su Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo en 2007.

“He oído de parte de ProMéxico ese lineamiento de que (los incentivos) no deberían superar 10% del monto de la inversión; sin embargo, es una regla no escrita, no existe en ningún documento”, explicó. ProMéxico no estuvo disponible para comentar sobre el tema.

El director de Proyectos de Inversión del Grupo Asesor Corporativo Industrial y Comercial, Emilio Mosso, señaló que es común que los estados ofrezcan incentivos que después gestionan con el gobierno federal, como apoyos de la Secretaría del Trabajo o concesiones de agua que son federales.

“Cuando un estado quiere una inversión de la naturaleza de KIA, se avienta a ofrecer para la construcción de algo, y a la mera hora gana el proyecto y no tiene dinero. Entonces acude a la SE y a Hacienda para pedir dinero para cumplir con la promesa, lo que es una muy mala práctica”, explicó Mosso.

La consultora IHS Automotive indicó que Estados Unidos no pone un límite a los incentivos que puede ofrecer un estado para atraer una inversión.

“En el periodo 1995-2010, el paquete promedio para atraer una planta era de 35% o 40% de incentivo del costo para instalar una planta de mil millones de dólares hacia arriba”, dijo Guido Vildozo, analista de IHS Automotive.

Eduardo Solís, titular de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo que el tema de incentivos no es un tabú y ocurre en todo el mundo, pero en la Organización Mundial de Comercio no está regulado.

Bajar incentivos. Gregorio Canales detalló que de los 11 mil mdp pactados en incentivos, 3 mil mdp ya fueron aportados por el gobierno federal, el resto corresponde al estatal, por lo que negocian con KIA para aligerarlos.

La intención es bajar a 4 mil 950 mdp los incentivos (10% o 12% del monto total de inversión), como ocurrió con la planta de Mazda en Guanajuato.

Leopoldo Cedillo, director general del Clúster Automotriz de Nuevo León, criticó que los incentivos para la armadora se hicieran extensivos para los proveedores coreanos.

Una de las propuestas es que KIA construya el drenaje pluvial, obras de conexiones de agua y drenaje, eléctricas, la espuela del ferrocarril y el centro de competencia, por alrededor de 500 mdp y tras cinco años, el gobierno le reembolsaría el dinero.

Se pedirá a Hacienda que no cobre a KIA el Impuesto sobre la Renta correspondiente a la donación del terreno, ya que éste se registra como un ingreso. En total, el gobierno federal debería de dejar de cobrar ISR por 2 mil 500 mdp por concepto de donaciones.

Nuevo León busca compromisos reales con KIA para la generación y calidad de empleo, exportación, desarrollo económico, compras locales e integración de cadenas productivas, pues aún no se detalla la derrama económica generada por la planta.

Hubo advertencia. Los costos para las finanzas locales de los estados por ofrecer las perlas de la virgen a empresas privadas para traer inversión extranjera directa, fueron advertidos por Hacienda desde finales de 2013.

El subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, pidió a los titulares de finanzas de los estados mayor coordinación para los rubros en los que deseaban competir, y medir los incentivos fiscales para no provocar un deterioro de las finanzas subanacionales.

Messmacher se refería a ofrecer a las empresas exenciones de impuestos, donación de terrenos para sus plantas u obras de infraestructura que, a decir de especialistas, en algunos casos cumplieron, pero endeudando al estado.

Muchas entidades pidieron préstamos bancarios o emitieron deuda con tal de que multinacionales eligieran su territorio para establecerse.

Para evitar el “canibalismo” entre estados por inversión foránea, se lanzó un proyecto que tendría que haber funcionado desde 2014, para unificar los subsidios y apoyos, pero se desconoce si finalmente se puso en marcha o qué resultados arrojó.

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