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A petición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Función Pública inició con auditorías por el tema de la empresa OHL, en donde se ven recursos federales involucrados.
El encargado de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, aseguró que en la investigación se incluyen auditorías externas, para que con ello se pueda transparentar la situación de los contratos involucrados.
“Efectivamente (ya iniciaron las auditorías). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó que se realicen las auditorías, y en ese sentido ha iniciado la Secretaría de la Función Pública el camino para tener resultados pronto, con base también en auditorías externas”, comentó en entrevista luego de participar en un foro organizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Desde el pasado 6 de mayo se comenzaron a filtrar conversaciones telefónicas, a través de la red social Youtube, en donde se escucha a directivos de la empresa OHL hablando de sobrecostos de producción del Viaducto Bicentenario, sobre presiones para elevar las tarifas de esta vialidad en el Estado de México.
En un audio filtrado de manera reciente, se escucha a directivos de la empresa que planearon sobornar a magistrados mexicanos. Los involucrados son Pablo Wallentin, uno de los principales directivos ya destituido de OHL, y el director jurídico de la empresa española, Gerardo Fernández.
Andrade Martínez apuntó que: “el primer objetivo de las auditorías que ha solicitado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es aclarar debidamente lo que ha sucedido con dichos contratos, y es importante señalar que la Función Pública tiene también como instrumentos, para poder transparentar la situación de los contratos, poder contratar a su vez auditorías externas, para que lo hagan tomando en cuenta principios de independencia y las mejores prácticas en esta materia”.
Cuestionado sobre deslinde de responsabilidades para el hoy ex secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, Apolinar Mena, quien se vio involucrado como uno de los presuntos funcionarios que fueron sobornados, el titular de la Función Pública indicó que en ese caso ya toca a las autoridades mexiquenses hacer una investigación.
“Cada entidad federativa tiene, hasta este momento, sus instrumentos propios para realizarlo (la investigación)”, apuntó.