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Detrás del robo de gasolina que ha puesto en jaque al país en los últimos días están la corrupción y la ilegalidad y un problema de desigualdad y falta de oportunidades que se debe atacar no sólo con estrategias de seguridad y reformas, sino con una cultura de legalidad y transparencia.
Así lo plantea el director del Instituto de Administración Pública en la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), Carlos Lugo.
Dice: “El problema tiene que ver con corrupción, ilegalidad y las soluciones tienen que ir a la raíz de una cultura de legalidad, de transparencia y de voluntad política, que construya confianza de los ciudadanos hacia las autoridades”. Destaca que los que están involucrados en esta situación no sólo son los chupaductos, sino los que lo compran, transportan, además de que se presume que están implicados trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales, así como gasolineras, entre otros.
Reconoce: “Detrás de cada uno de estos problemas consecuentes que enumero como delincuencia organizada, robo, impunidad, fraude, defraudación fiscal, entre otros, veo dos principales causas: la corrupción y la ilegalidad o un estado de ilegalidad en el país”, señala el analista.
Círculo vicioso. “En el tema de ilegalidad veo un círculo vicioso que está conformado por la comisión de un delito”, afirma. Precisa que en México la probabilidad de denunciar un delito es de 10%. Además, en el tema de robo de combustible, la probabilidad de que se inicie una averiguación previa es de 7% y de que se resuelva baja a casi 3%, y que no se resuelva es de 97%.
A tiempo. Para Carlos Lugo no todo está perdido. “Vemos la desigualdad y falta de oportunidades y es ahí donde estamos a tiempo de atacar el problema”. Considera que no es tarde para que se complemente con una estrategia de una cultura de legalidad y transparencia de las instituciones.
País de corruptos. Al abundar sobre la corrupción, afirma que es la principal causa o raíz de los males.
Haciendo un recuento, refiere que México ocupa el último lugar en la OCDE, con servidores públicos más corruptos; es percibido como el país que encabeza este flagelo de Transparencia Internacional y está entre las 20 economías con los funcionarios más corruptos.
“Esto dentro de un tema de desigualdad y falta de oportunidades”. Enumera problemas: seguridad, la corrupción, desempleo, pobreza y la mala atención en salud en hospitales públicos y la baja calidad en la educación, la mala aplicación de la ley y la falta de rendición de cuentas.
