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A tres años de la puesta en marcha de la reforma financiera en México, la instalación de los tribunales especializados en cobro de garantías de créditos que cayeron en impago se mantiene como uno de los principales pendientes.
De acuerdo con los bancos, esto representa un sobrecosto en el financiamiento, lo cual se refleja en el precio que tienen los productos de la banca para sus usuarios.
“Esa parte está pendiente, tener los tribunales que tengan que ver con nuestros temas como especialidad. En términos generales se avanza y lo que no hay que perder es el foco en que se culmine a su final porque está muy bien planteada y pensada, y al final nos debe ir muy bien con una reforma financiera bien instrumentada”, dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez.
En el texto de la reforma financiera promulgada en 2014, se explica que la instalación de este tipo de tribunales aplicaría cuando un cliente haya dejado de pagar un financiamiento y se actúe penalmente en su contra no podrá ausentarse de su ciudad en tanto se efectúe el proceso legal.
En ese sentido, un juez podrá determinar una retención de bienes cuando una garantía de crédito se oculte, enajene o sea insuficiente para saldar una deuda con alguna institución financiera.
Para la ABM, el retraso en la instalación de dichos tribunales especializados se debe a varios cambios que ha experimentado en meses recientes el Consejo de la Judicatura, organismo encargado de la puesta en marcha de dichos juzgados para el cobro de garantías bancarias.
“Hemos hablado con el Consejo de la Judicatura y el problema es que ellos han tenido muchos retos derivados de las reformas legales recientes. Todo el cambio en el sistema de justicia, los tribunales especializados en materia de competencia, y no nos han dado certeza de cuándo van a constituir los tribunales especializados en materia mercantil”, comentó el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja.
Hasta el momento, los avances que ha mostrado la reforma financiera se han concentrado en inclusión de servicios, protección del consumidor financiero, una mayor regulación del buró de entidades financieras así como la protección de intereses del público inversionista en intermediarios bursátiles y mayores medidas para prevenir lavado de dinero.
Sin embargo, una de las principales promesas de esta reforma, ofrecer créditos a menores tasas, se ha visto limitada ante la imposibilidad de que los bancos puedan cobrar de forma rápida las garantías de un crédito que ha caído en mora por parte de sus clientes.
“Yo esperaría que en los próximos meses tengamos una respuesta concreta del Consejo de la Judicatura que es el órgano encargado”, reiteró el vicepresidente de la ABM.
Para varios actores del sistema bancario en México, el tema legal en el cobro de garantías se mantiene como uno de los principales retos financieros en el país.
“La reforma financiera tiene objetivos financieros muy claros y loables. Desafortunadamente no ha habido en México una reforma jurídica que ayude a promover el crédito. La incertidumbre jurídica que todavía tenemos las instituciones financieras para la recuperación de créditos morosos o vencidos es alta. Si en México existiera un marco jurídico serio, pudiera minimizar la impunidad y la cartera de crédito pudiera crecer a mayor velocidad”, dijo recientemente Mario Maciel, director general de CIBanco.
