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Los sistemas de declaración de intereses y patrimonio que se aplican en 161 países no cumplen el objetivo de un esquema eficaz de transparencia y rendición de cuentas, señaló el Banco Mundial (BM).
Debido a que es necesario corregir las deficiencias para evitar los abusos de poder de los funcionarios públicos y los políticos, y en última instancia el lavado de dinero, el Grupo del BM y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lanzaron un manual para ayudar a los países a hacer frente a los retos para implementar esquemas más eficaces.
Para el BM, un sistema de declaración de patrimonio e intereses puede ayudar a crear un clima de integridad en la administración pública, así como combatir la corrupción.
A través del informe Obtener un Panorama Completo de los Funcionarios públicos: Guía práctica para la Divulgación Financiera, Rendición de Cuentas y Transparencia, se hace un análisis de datos que se pone a disposición de los gobiernos con problemas para implementar sistemas de declaración de intereses y patrimonial.
Según el texto, en muchos sistemas, el acceso público a las declaraciones complementa la verificación.
De acuerdo con los países analizados, la verificación y el acceso público existen en 42% de los sistemas implementados en esos lugares. Además, en 32% de los países se encontró que tienen verificación, pero no acceso público; sólo en 13% hay acceso público, pero no hay verificación.
Entre los países miembros de la OCDE, destaca que en los de ingresos altos, 97% tiene información disponible públicamente por ley.
Por continentes, en Europa y Asia Central 71% de los países cuentan con disposiciones de verificación, en Asia 55% de los sistemas cuentan con dicha disposición y 38% en África subsahariana: existen disposiciones en 38%.
América Latina tiene el porcentaje más bajo con 30% de los países con disposiciones al igual que en Oriente Medio y África del Norte, con 27% de las naciones con esquemas para prevenir los abusos de poder.
Respecto de los sujetos obligados a divulgar sus declaraciones de intereses y de patrimonio, según la revisión, en 90% de los 161 países con esquemas, se le exige a los miembros del parlamento; en 92% a los integrantes del gabinete; en 56% es un requisito para los jueces y fiscales y en 62% se les pide declarar a los ejecutivos de empresas estatales.
Sin embargo, cada uno lo hace a su manera y con diferentes formatos en los cuales es difícil tener un parámetro, pues algunas veces se hacen preguntas abiertas.
