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maria.saldana@eluniversal.com.mx
La no deducibilidad de las prestaciones salariales y la propuesta de elevar el impuesto a las bebidas azucaradas propician un desencanto al sector empresarial, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
De impedirse la deducción total de las prestaciones de los trabajadores y de aprobarse un incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) habrá un efecto directo en los costos de las empresas y en el ingreso de los hogares.
En el Análisis Económico Ejecutivo, el Centro que dirige Luis Foncerrada aseveró que “la economía mexicana seguirá enfrentando estos problemas en tanto no se logren políticas efectivas que propicien un ambiente de negocios que se consolide como atractivo para la inversión”.
Sin embargo, algunas de las propuestas que pueden modificar la política tributaria y la inseguridad no abonan al entorno de confianza que requieren las inversiones.
Señala también la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar el que no se permita la deducibilidad total de las prestaciones salariales.
En estos momentos la inversión privada es de los principales generadores de crecimiento y por ello es indispensable tener un ambiente de negocios en donde haya estímulos para invertir y para que las empresas sean más productivas y competitivas, detalló el análisis.
La manera en que se generará confianza en las instituciones es logrando que éstas cumplan la ley con ética y eficiencia.
Por eso, “fortalecer la legalidad y al mismo tiempo combatir la delincuencia y la corrupción debe ser un tema prioritario”, destacó el CEESP en el análisis.
En el documento se detalló que “el objetivo principal de las autoridades debería ser generar un entorno en el que las empresas y personas se desarrollen eficientemente, con la seguridad de que sus recursos no se verán afectados por políticas recaudatorias o gastos adicionales por inseguridad, impunidad y corrupción”.
Como lo hicieron diversos organismos del sector empresarial, el CEESP dijo que son preocupantes los niveles de inseguridad que registra el país.
La falta de seguridad es un problema que afecta tanto a personas como a empresas.
El CEESP recordó que de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) se concluye que el costo de la inseguridad ascendió a 236.8 mil millones de pesos, lo que representa 1.25% del PIB, considerando afectaciones de empresas y población.
Sin embargo, hace días el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que esa cifra puede ser siete veces mayor, por los delitos sin denunciar, lo que significa 1.6 billones de pesos, el equivalente a 9% del PIB.
