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sara.cantera@eluniversal.com.mx
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) manifestó su preocupación por los recortes a la inversión en obra pública planteados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en lugar de hacer ajustes en gasto corriente.
“Los industriales del sector de la construcción lamentamos que en 2017, nuevamente se planteen reducciones de recursos destinados a la obra pública, 27% en términos reales con relación al presupuesto aprobado para 2016, lo que reduce las expectativas de desarrollo, crecimiento del sector y sobre todo, la creación de empleo”, indicó Gustavo Arballo, presidente de la CMIC.
La CMIC agregó que los constructores seguirán impulsando esquemas innovadores para realizar obras a través de los esquemas de Asociaciones Público Privadas o aprovechando los instrumentos financieros como las FIBRAS.
Asimismo, le solicitaron a la Secretaría de Hacienda que implemente una serie de medidas de carácter fiscal que estimulen y promuevan la inversión privada en el desarrollo de infraestructura, para compensar la caída que la inversión pública ha observado en los últimos años.
El paquete presupuestario presentado el día ayer al Congreso de la Unión contempla una reducción de casi 30% en términos reales a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, cabeza de sector de la obra pública y de infraestructura en el país.
“Estaremos entablando comunicación y un diálogo con el Poder Legislativo en las próximas semanas para hacerles notar que la inversión en infraestructura debe privilegiarse, pues se activa la cadena productiva de las micro regiones, se conservan y generan empleos, independientemente del beneficio social”, añadió Arballo.
La CMIC realizará el análisis de los diferentes renglones que implica el gasto de inversión de la obra pública y/o infraestructura, para determinar el gasto neto en obra pública.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un monto de Inversión Física Presupuestaria de 539 mil 737 millones de pesos para 2017, 27.2% inferior en términos reales al aprobado para 2016.
