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La administración federal presentó en días pasados a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal de 2017. El total del gasto previsto incluye un recorte de 239 mil 700 millones de pesos en comparación con el presupuesto aprobado para ser ejercido en 2016.
El secretario de Hacienda y Crédito Público destacó que el recorte al gasto representa una reducción real de 1.7%. Desde la fecha de su presentación funcionarios públicos de la administración federal, funcionarios de gobiernos estatales y municipales, directivos de organismos financieros y empresariales y miembros de directorios de grandes empresas han insistido en la necesidad del recorte en el gasto público. Otros actores sociales insisten en que no es posible un recorte del gasto público que afecte en esas proporciones a la educación, la salud, la investigación científica, la inversión en infraestructura y otras actividades sustantivas para mejorar las condiciones productivas de la economía.
En los medios de comunicación hay opiniones diversas. Algunos observan que el ajuste es insuficiente y otros enfatizan que no se ejecuta en las actividades adecuadas. Todo sucede en un contexto de alta inestabilidad cambiaria que modifica los escenarios previstos para determinar el crecimiento de la economía, las condiciones de la inversión en los meses y años siguientes e incluso la capacidad para alcanzar las metas consideradas en la Ley de Ingresos para 2017 que debe aprobar el Congreso de la Unión. El ajuste fiscal previsto para 2017 no es una novedad en la actual administración federal. Es una medida que desde hace algunos sexenios se ejecuta siempre a partir de la misma premisa: Es imprescindible garantizar la estabilidad macroeconómica y es el único medio para hacer posible el crecimiento sostenido y después el bienestar social.
En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2017 se subraya que el Gobierno Federal no sólo mantiene su compromiso con la consolidación fiscal establecida en 2013, sino que presenta una propuesta que implica una mejora con respecto a la trayectoria comprometida originalmente que culminará en 2018. Avanzar en la consolidación fiscal implica reducir el peso relativo de la deuda pública. Sin embargo, los resultados alcanzados en años recientes son otros. La deuda pública aumenta, en particular con relación al PIB y demanda crecientes recursos públicos para poder cubrir los intereses sin que ello permita su reducción. Menos se observa un uso de los recursos obtenidos al contratar créditos para realizar inversiones, ampliar la infraestructura, mejorar los servicios públicos y establecer las condiciones macroeconómicas que hagan posible el bienestar social.
En 2016 se realizó un notable ajuste al gasto público. A la par la economía tuvo un crecimiento menor, con cifras negativas en algún trimestre del año. La continuidad del ajuste fiscal en 2017 se acompañará de mayor debilidad en el crecimiento económico. Para tener una idea del impacto del ajuste fiscal considérese que en los CGPE para 2016 se estimaba que el año próximo el PIB tendría un aumento anual entre 3.5% y 4.5%. Los CGPE para 2017 consideran un incremento anual situado entre 2% y 2.6%. La ejecución del ajuste fiscal implicará una corrección a la baja en las estimaciones del crecimiento del PIB. El escenario puede ser más grave al tener en cuenta la depreciación del peso y el creciente costo de la deuda pública.
En los CGPE para 2017 se establece un superávit primario del orden de 0.4% del PIB. Es decir, al considerar el gasto programable del sector público el resultado para 2017 se estima positivo, pero la situación cambia al tener en cuenta el denominado gasto no programable. En particular destaca el crecimiento de los recursos destinados al pago de la deuda pública. El presupuesto de egresos del sector público para 2017 incluye un aumento real de 18.9% en el costo financiero. Estas cifras pueden ser mayores al tener en cuenta el precio del dólar para el año próximo y el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos. El alza de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos encarece el costo de la deuda pública y obligará, según la receta decidida por los financieros y las autoridades federales a un nuevo ajuste fiscal.
Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
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